El impulso de esta iniciativa parlamentaria por un grupo de senadores liderados por Lilian Samaniego (ANR) movió ayer la estantería del Ministerio de Relaciones Exteriores donde no esperaban que el tema fuera a cobrar fuerza en el Congreso, considerando que desde hace un par de años el Sindicato venía trabajando la propuesta.
Básicamente plantea borrar el principio que establece la ley de que la función consular “está reservada a los funcionarios del Servicio Diplomático y Consular”, abriendo la posibilidad a que el Ejecutivo designe además a personas que no formen parte del escalafón diplomático, hasta 50% del total de cónsules designados.
Además de incorporar por única vez al escalafón diplomático a todos los funcionarios permanentes del MRE nombrados hasta el 31 de diciembre de 1999. Esto colisionaría con el proceso de profesionalización que se inició en la institución en el 2007 mediante el Concurso Nacional de Oposición y Méritos como única vía de acceso a la carrera diplomática y al escalafón.
Denuncia Ayer, Lilian Samaniego anunció que ya no participará de las reuniones de la Junta de Calificaciones del MRE, en su calidad de presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y se refirió a la crisis financiera que afecta a esta cartera del Estado.
“Hoy la Cancillería está pasando la crisis más sensible, que no ocurrió con otras administraciones”, dijo, y citó que no se están pagando los alquileres de las sedes de embajadas y consulados, “ni los gastos básicos de las representaciones”.
Dijo que a semanas de concluir el año quedaba aún 14% del Presupuesto sin ejecutar y que hay 10 embajadas sin jefe de misión, entre otros temas.
Estas situaciones, el propio canciller, Antonio Rivas Palacios, había enumerado en diversas ocasiones y que son atribuidas a un déficit financiero con el que se encontró al asumir el pasado 1 de julio, y que inclusive demandó el diseño de un plan de contingencia.
“Hay una confrontación permanente, histórica, entre los funcionarios escalafonados y el sector político”, denunció Samaniego. A criterio suyo, tanto en uno como en otro lado hay gente capacitada, idónea, que puede ser juzgada por su gestión.
Denunció que existen funcionarios que no son escalafonados y que son maltratados. Que no son políticos, y también reciben ese maltrato.
También se quejó de que no halla eco en la Cancillería. “Todo lo que decimos y proponemos con la administración Rivas, no tiene eco”, afirmó la legisladora colorada.
Reacción. El MRE emitió ayer un comunicado para informar que cumple a cabalidad con todos sus compromisos de pago y no existe situación de crisis financiera ni de ninguna otra índole que pueda afectar a su gestión o a la operación de sus dependencias dentro y fuera del país, conforme a asignación de cuotas del mes por parte de Hacienda. Que falta ejecutar 13% del Presupuesto, pero que no tiene que ver con gastos del servicio exterior.
El proyecto
Sin concurso. Incorporar por única vez al escalafón diplomático y consular a todos los funcionarios permanentes del MRE nombrados hasta el 31 de diciembre de 1999.
Antigüedad. Establecer la antigüedad, méritos profesionales, idoneidad personal y rendimiento en servicio para ser escalafonados en los rangos, según propuesta de la Junta de Calificaciones del MRE.
Hasta 50%. El Ejecutivo podrá designar como cónsules a personas ajenas al escalafón diplomático, que posean notoria capacidad para ocupar el cargo. Estas designaciones no podrán exceder el 50% del total de los cónsules en el exterior.
Actualización. El funcionario incorporado al escalafón por el método que se aplicará por esta única vez, deberá asistir a curso de actualización.
El peligro es la politización del servicio exterior
La iniciativa legislativa puede representar “un serio retroceso” al proceso de construcción institucional del servicio diplomático nacional registrado durante el período democrático, opina Gustavo Rojas, investigador del Cadep. Busca alterar diversos artículos de la Ley del Servicio Diplomático y Consular, lo que produciría efectos como la politización de los ascensos, la ampliación de la presencia de indicaciones políticas en los consulados. El retorno de actividades proselitistas y la incorporación al escalafón de funcionarios que no lograron calificación en los concursos públicos de oposición. Medidas que van a contramano de los esfuerzos de democratización del acceso al servicio público.
