Durante el tratamiento de la propuesta, hubo 32 votos a favor del proyecto, seis por el rechazo y siete abstenciones.
La aprobación se da en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer. En Paraguay, se prepara una gran marcha, a las 18.00, desde la Plaza Italia, en reclamo de varias reivindicaciones en cuanto a la situación laboral, política y sobre la violencia que sigue sufriendo el sector.
El senador Fernando Silva Facetti fue uno de los primeros en hablar. Lo hizo en nombre de la Comisión de Legislación, que rechaza el proyecto. Argumentó que el documento tiene premisas erróneas, que atentan contra los derechos constitucionales.
Explicó que para la elección de parlamentarios no se tienen en cuenta los rasgos sociológicos, y que la disparidad es una circunstancia que no afecta al carácter representativo de las cámaras. Para el legislador, esta iniciativa responde a un modelo de dictadura fascista. “Un parlamento no es una muestra representativa de la estructura social”, expresó.
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Julio César Franco, de la Comisión de Asuntos Constitucionales, se pronunció por la aprobación.
Por la Comisión de Equidad y Género se pronunciaron Carlos Filizzola, del Frente Guasu, y Lilian Samaniego (ANR), quien agradeció a todas las organizaciones que trabajaron para elaborar el documento.
Refirió que lo que busca este proyecto es la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres en los cargos electivos y administrativos. “Queremos una sociedad equitativa y justa para legitimar una sociedad democrática”, indicó.
Filizzola detalló que, como comisión, no se pudo emitir un dictamen porque todos sus miembros firmaron como proponentes.
Juan Manuel Bóbeda, del Unace, rememoró acontecimientos históricos protagonizados por mujeres. El senador, conocido por sus expresiones machistas, se pronunció a favor del proyecto.
“Dejemos que sean presidentas de la República, ministras, presidentas de la Corte, fiscalas, presidentas del Congreso”. “Apelo a la cordura, honestidad y desarraigo del machismo en el país”, agregó.
Esperanza Martínez, una de las proyectistas, recordó lo que significó la aprobación de la ley de cuotas que pretendía avanzar hacia una sociedad más igualitaria; pero, sin embargo, en el Congreso apenas se llega al 17% de representación femenina.
Lamentó que las mujeres sean colocadas para que aparezcan en las listas de candidaturas de los partidos, pero en lugares estratégicos para que nunca sean electas.
“Queremos estar al lado (de los hombres), compartiendo las responsabilidades del Estado, porque sin poder no se transforma la sociedad. ¡No queremos que se postergue, queremos esta ley aprobada hoy!”, exigió.
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Mujeres en la política. Actualmente, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) exige un 20% de participación de mujeres en las listas presentadas por los partidos, alianzas y concertaciones. Las agrupaciones apenas cumplen y las candidatas son ubicadas en los peores lugares, disminuyendo así su posibilidad de lograr una banca en el Congreso.
De acuerdo a las elecciones pasadas, de 125 lugares, solo 21 son ocupados por mujeres en la Cámara de Senadores y de Diputados.
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Proyecto. Con esta iniciativa se busca establecer, regular y garantizar la participación y representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de elección, de designación y en la selección del funcionariado público.
Por paridad se entiende la participación de 50% de hombres y 50% de mujeres. Para ello también propone la alternancia entre ambos en los cargos a ocupar. [Descargar proyecto aquí]
Esta disposición afecta a movimientos, partidos políticos, alianzas y concertaciones electorales, así como en las elecciones de organizaciones intermedias, políticas, sindicales y sociales. Los tres primeros no podrán inscribir sus listas ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) en caso de incumplimiento.
Esta igualdad se aplicará además en el gabinete de la Presidencia de la República, es decir, los ministerios y secretarías deberán estar encabezados por un 50/50 de hombres y mujeres.
En cuanto a la función pública, las mujeres tendrán garantía de igualdad de oportunidades para contrataciones y nombramientos.
