El proyecto de ley que tipifica el hecho punible de sicariato en el Código Penal fue aprobado en general por los senadores y se pidió un plazo de 15 días para su estudio en particular con el objetivo de realizar correcciones de forma e incluso de fondo, para evitar problemas en su aplicación.
El senador Fidel Zavala, uno de los proyectistas, manifestó que el sicariato es conocido como el hecho por el cual una o varias personas ponen fin a la vida de otra y que se lo busca diferenciar porque muchas cosas no están en el Código Penal.
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“Esto no está contemplado en el Código Penal como un hecho autónomo”, señaló sobre el hecho de dar muerte a otros cumpliendo encargos o acuerdos y que se volvió una práctica en el país.
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#Punto12 Proyecto de Ley "Que incorpora al Código Penal el hecho punible de sicariato". En estudio, fundamenta el punto el senador @HugoRicher_.#SenadoPy pic.twitter.com/2EjAjU9Exh
— SenadoPy (@SenadoresPy) June 9, 2022
Zavala mencionó que la modalidad surgió en Colombia y que en Paraguay se inició en zonas fronterizas, pero hoy también a nivel del Departamento Central e incluso trasnacional, tras el asesinato del fiscal Marcelo Pecci.
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“Necesitamos darle un fuerte respaldo a este proyecto. Los jueces y fiscales deben tener un panorama claro”, remarcó el senador Enrique Riera.
Por su parte, el senador Fernando Lugo dijo que se busca establecer penas mínimas de 15 y 20 años y una máxima de 30 años para este tipo penal.
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Asimismo, señaló que Paraguay está viviendo tiempos difíciles y que los grupos criminales encontraron tierra fértil para la consecución de sus actividades ilícitas, aprovechándose de la corrupción y la falta de recursos de los organismos de seguridad.
“Como autoridades estamos obligados a dar señales claras de luchar contra estos grupos nefastos”, expresó.
A su turno, la legisladora Desirée Masi pidió la aprobación en general y su posterior modificación en particular, ya que podría generar un desorden al momento de su aplicación.
Finalmente, Zavala también se sumó al pedido de aprobación en general y de un plazo de dos semanas para incluir las modificaciones y su posterior estudio en particular.
