En el comunicado, los senadores opositores apuntan varias exigencias, entre ellas la renuncia inmediata del diputado Orlando Arévalo a su representación ante el JEM y su sometimiento a la Justicia.
Señalaron su “más profunda preocupación” por los controversiales acontecimientos que salieron a luz luego de la denuncia presentada por el juez Osmar Legal ante el Ministerio Público acerca de una parte de los chats extraídos del celular del fallecido diputado Eulalio Lalo Gomes que involucran a Arévalo, dos fiscales en actividad y una jueza, además de otras personas.
Los legisladores manifestaron que con la publicación se reveló “de la manera más evidente”, la “grosera manipulación del sistema de justicia por medio de un sistema de tráfico de influencias, prevaricato, corrupción fiscal y judicial”, entre otros actos que previamente fueron “reiteradamente denunciados por la prensa y varios legisladores en el presente periodo”.
En ese sentido, citaron el “sonado caso”, del ex senador y miembro del JEM, Óscar González Daher.
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Asimismo, calificaron como “preocupante” que personas expuestas políticamente (PEP’s) pueda operar con total impunidad sin cuestionamiento alguno por parte del Banco Nacional de Fomento (BNF), la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), ni de los controles de Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP).
Estas instituciones “deberían haber cuestionado el origen o razón de millonarias transacciones bancarias realizadas en sus narices, por parte de los legisladores, autoridades fiscales y/o judiciales”, mencionaron en el documento.
Se destaca, además, que como “agravante” se debe considerar la protección política, fiscal y judicial de personas directamente vinculadas al crimen organizado, “lo que ha sido una constante en los últimos años” y que además facilitó que el país se ubique en la “deshonrosa” cuarta posición a nivel mundial en criminalidad organizada, así como el puesto 138 de 141 entre los países con falta de independencia del sistema judicial, según el Índice de Competitividad Global.
A consideración de los senadores opositores, esto “golpea fuertemente la imagen país y compromete además el crecimiento económico, limitado por falta de seguridad jurídica, y el pleno funcionamiento de las instituciones, como corresponde dentro de un Estado de derecho”.
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Además del pedido de renuncia, los senadores exigen que el JEM siga el procedimiento correspondiente para apartar a Orlando Arévalo, incluyéndose el pedido de juicio político “en caso de que este no presente su renuncia”.
Con relación al BNF, La Seprelad y el BCP, se exige que se deslinden las responsabilidades de cada institución “por falta de Reporte de Operación Sospechosa (ROS)”, además de auditorías, sumarios y/o sanciones.
“Al contralor General de la República, a iniciar el oficio de exámenes de correspondencia de al menos las personas denunciadas en la carpeta fiscal abierta como consecuencia de la denuncia presentada por el juez Legal”, exigieron en el documento.
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Los senadores también se dirigen al fiscal general del Estado y le orientan a “interesarse personalmente” en la investigación, solicitar la suspensión de los fiscales denunciados y someter a auditoría las causas, además de pedir la reasignación de integrantes del equipo de fiscales asignado a la causa “por falta de confianza en la labor de varios de ellos”, quienes “han demostrado absoluta ineptitud y/o complicidad en otros sonados casos”.
Exigen, asimismo, a la Corte Suprema de Justicia solicitar los informes correspondientes y exigir la remoción de los involucrados, y a la Cámara de Diputados llamar a sesión extraordinaria para tratar la pérdida de investidura del diputado Arévalo.
El comunicado fue firmado por Rubén Velázquez, Celeste Amarilla, Éver Villalba, Eduardo Nakayama, Yolanda Paredes, Esperanza Martínez, José Oviedo, Salyn Buzarquis, Sergio Rojas, Rafael Filizzola e Ignacio Iramain.