En la ocasión, el senador Colym Soroka, presidente de la Comisión, anunció que presentaron una nota a la Fiscalía General del Estado pidiendo investigar la actuación de fiscales involucrados en casos de contrabando, alegando que, a pesar de los múltiples allanamientos y controles, el contrabando persiste como consecuencia de la falta de acciones judiciales.
“Nosotros presentamos ahora una nota esta mañana a la Fiscalía General del Estado. Son 160 allanamientos. ¿Ustedes saben cuántos se fueron a juicio oral? Dos. El gran responsable de esta crisis se llama Justicia. Si no hay un juez involucrado, hay un fiscal involucrado”, expresó.
Además, como medida adicional, informó que la comisión planea presentar un proyecto de ley para establecer un marco regulatorio de la compraventa de productos frutihortícolas, el cual como principal ítem establece que los comercios que no adquieran productos de origen paraguayo no tendrán la posibilidad de importar. El anteproyecto fue entregado en la ocasión al director de Comercialización del MAG, Ernesto Sotelo, y a productores.
Karen Leguizamón, presidenta de la Asociación de Importadores y Comerciantes Frutihortícolas (Asicofru), sostuvo que el problema no es solo el contrabando, sino también los precios bajos en los mercados, que dificultan la rentabilidad del sector.
FALTA DE TRANSPARENCIA. Expresó frustración por la falta de transparencia y responsabilidad de algunos actores en el comercio, pidiendo al Senado y a otras autoridades que publiquen todas las incautaciones de productos de contrabando, así como las guías de traslado de los productos que se venden a fin de facilitar la supervisión de la producción y comercialización.
Finalizó su discurso reafirmando el compromiso de su gremio para priorizar la producción local, así como dijo que, aunque los precios no están bajo su control, la nucleación está comprometida con ayudar a los productores, vendiendo su producción y también buscando oportunidades de exportación.
Silvio Riveros, presidente de la Unión Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay, calificó la reunión como “fructífera”, pero destacó que aún esperan la reglamentación del programa Hambre Cero. “Para que nosotros podamos trabajar como proveedores directos, como comité o como gremio”, dijo a ÚH, resaltando la necesidad de que se refuercen los controles en las fronteras y se revisen los proveedores de los diversos comercios.
Abel Brítez, presidente del Consejo Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay, por su parte, destacó que todas las instituciones se comprometieron a hacer un esfuerzo “fuerte” para que el precio se pueda recuperar en las próximas horas.
“El precio depende del mercado internacional, pero también debemos evaluar si realmente estamos teniendo saturación con productos nacionales. Este es mi pedido a todas las autoridades, como la Dirección de Comercialización, el Senave y Aduanas. Se tiene que blanquear la situación y verificar si esos 6.780.000 kilos mencionados en la documentación están siendo ingresados de forma legal o ilegal al país, lo que podría estar afectando la oferta en los mercados”, instó a su vez el productor.
Prácticamente en simultáneo a la reunión entre las autoridades y los representantes de gremios frutihortícolas, productores realizaron cierres intermitentes de ruta en algunos puntos del país como medida de fuerza para exigir mayores controles ante el contrabando y el acceso a mercados para poder comercializar sus productos, sobre todo con mejores precios. Una de las protestas se realizó sobre la ruta PY02, a la altura del cruce Pastoreo, mientras que una movilización similar se registró en la zona de RI 3 Corrales, también en la ruta PY02. “Este es un problema nacional, ya ven acá cómo tenemos nuestra producción perdiéndose. El problema es el contrabando y hasta hoy en días las autoridades nos ignoran, repudió un manifestante a través de NPY.
El titular de la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (COIA) de la DNIT, Carlos Fernández, sostuvo que los controles no se redujeron, pero reconoció que tampoco se puede decir que no hubo un mayor ingreso de productos ilegales. “Tuvimos 815 vehículos y de eso tenemos casi 200 camiones, es decir, van buscando una nueva modalidad”, dijo. Detalló que en un año decomisaron 1,6 millones de kilos de hortalizas, hubo 196 allanamientos y se logró un perjuicio de USD 26 millones a los esquemas.
