Las tierras en cuestión fueron cedidas por la dictadura de Alfredo Stroessner a la empresa Perfecta SA, a cambio de una avioneta, la cual fue valuada en G. 3 millones y subastada en 1993 con un precio base de G. 2.250.000.
La empresa Perfecta pertenece a la familia Bendlin, parientes políticos del ex presidente de la República, Horacio Cartes, quien lidera la bancada Honor Colorado y fue transferida a la Ganadera Pindo SA, también vinculada a la familia.
Los senadores rechazaron con 22 votos el proyecto impulsado por el Frente Guasu, que fue acompañado por el Partido Demócrata Progresista y los votos en solitario de la colorada Blanca Ovelar y los liberales José Ledesma y Carlos Vidal Zena.
La propiedad figura en el informe de la Comisión de Verdad y Justicia como un caso de tierra malhabida. Unas ocho millones de tierras se encontrarían en la misma situación y fueron entregadas por el stronismo a amigos, militares y políticos, cuando debían ser destinadas a la reforma agraria para campesinos.
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El senador de Patria Querida, Fidel Zavala, mocionó por el rechazo del proyecto bajo el argumento de que existe un atropello a la propiedad privada, ya que la transferencia de las tierras se realizaron dentro de las normas legales de la época.
Señaló que no se puede realizar una expropiación cuando la invasión de tierras se realiza de manera violenta, al respecto indicó que existen unas 12 denuncias desde el 2012 por deforestación, daño al medioambiente, tráfico de rollo y robo de vehículos.
Asimismo, destacó que la propiedad es una reserva forestal privada y con complicidad de autoridades más de 2.500 hectáreas fueron deforestadas.
El senador Hugo Richer criticó duramente el intento de rechazar el proyecto y manifestó que el propio Indert informó sobre la cantidad de escuelas reconocidas por el Ministerio de Educación, iglesias, cultivos, cría de animales y hasta tendidos eléctricos instalados en el lugar, además de caminos vecinales de 21 kilómetros, a la vez de negar la supuesta deforestación que alega Zavala.
En ese sentido, demostró con imágenes satelitales el avance de la deforestación en las zonas aledañas a la ocupación, pero no la zona en la que residen unas 433 familias.
“Por eso que evidentemente hay una campaña, imagínense que caiga una tierra malhabida, caerán otras tierras malhabidas”, expresó el senador, haciendo referencia al intento de senadores como Fidel Zavala de no aprobar el proyecto, cuya familia, al igual que de otros legisladores, son mencionadas en el informe de la Comisión de Verdad y Justicia sobre tierras malhabidas.
Richer sostuvo que tampoco existe una declaración de reserva forestal del lugar, como defienden. De igual manera, remarcó que en varias ocasiones, según acuerdos firmados, el propio Estado y los propietarios del lugar prometieron no realizar desalojos hasta tanto se reubique a los pobladores.
“Han negado sistemáticamente el acceso de los campesinos a la propiedad privada, también se dijo que debe salir una sentencia para anular el título, en este país no va a ocurrir esto”, recalcó, expresando que la Justicia es manejada por el poder económico.
El legislador Sixto Pereira aseveró que las pistas clandestinas para el tráfico de cocaína y marihuana no se dan en comunidades campesinas, sino en establecimientos privados.
Afirmó que hay una insensibilidad y que el Estado de derecho establece un contrato social para todos y no solo para unos pocos.
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El parlamentario Fernando Silva Facetti alegó que no se trata de tierras de origen dudoso y que en ese entonces el Estado ofreció una permuta, a cambio de un avión con un comerciante, ya que no contaba con ello y que el precio de la avioneta hoy parece irrisorio.
“Es una invasión violenta, que atenta a la ley forestal”, aseguró, señalando que en principio los campesinos abrieron un camino y posteriormente ya procedieron a destruir y violentar la reserva privada forestal. También agregó que se libraron órdenes de captura y que hasta el momento todos siguen libres.
“Estoy de acuerdo que aquellos que se retiren reciban tierras del Estado, pero no premiar el uso de la violencia con un título de tierra”, alegó, también responsabilizó a todos los partidos políticos, debido a que el Estado no puede construir escuelas, pozos artesianos, ni cuidar caminos en propiedades privadas.
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“Yo no voy a acompañar una expropiación realizada en este marco, así que mi voto es por el rechazo de este pedido”, añadió.
La senadora de Patria Querida, Georgia Arrúa, también defendió la permuta realizada en la época. De igual manera, especificó que la Ley 852 que creó el Instituto de Bienestar Rural autorizaba la permuta y negó que la empresa haya accedido a las tierras como concepto de reforma agraria, sino que lo recibió como pago por una operación comercial.
El parlamentario colorado Enrique Riera dijo que hay invasiones financiadas por comerciantes, “marederos kañy”, “meten la gente, consiguen el apoyo político, mediático y de paso hacen plantaciones de marihuana”.
Puso en contraste las exposiciones de que siempre se habla de pocos ricos contra muchos pobres, como un argumento ideológico sobre el tema.
“En el informe de la Comisión de Verdad y Justicia está mi propio padre, pero dice que de comprobarse estas denuncias, la presunción de inocencia rige para unos, el informe no es 100% serio, son denuncias que hay que corroborarlas”, se defendió.
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Entre otras cosas, habló de ocupaciones para la venta de maderas y que forman parte de un grupo que mueve millones de dólares con la deforestación.
Desde la Coordinadora por los Derechos Humanos en Paraguay (Codehupy) ya habían adelantado que los senadores rechazarían el proyecto para luego dar paso al desalojo de los productores, que ya cuentan con escuelas, centro de salud, iglesias católica y evangélica en las instalaciones, además de agua corriente, luz eléctrica, entre otros servicios brindados por el propio Estado.
El proyecto ya fue presentado en el año 2014 por los senadores del Frente Guasu, Esperanza Martínez, Sixto Pereira, Hugo Richer y Carlos Filizzola, y quedó en estudio en las comisiones.
Una gran cantidad de políticos y reconocidos empresarios figuran entre los beneficiados por tierras, entre ellos el fallecido padre del actual presidente de la República, Mario Abdo Benítez, Pastor Coronel, represor de la dictadura; el senador Enrique F. Bacchetta Chiriani, el ex militar y fallecido Lino César Oviedo; y el ex presidente Andrés Rodríguez, entre otras personas vinculadas al régimen militar.
