Fueron decenas de reuniones con organizaciones de la sociedad civil, diversos gremios, expertos invitados del exterior y locales. Entonces, no estaban institucionalizadas las audiencias públicas. Lo que no impidió que se escucharán propuestas diversas para “modernizar” el Estado. En otras palabras, desde el Legislativo se propició la participación ciudadana porque se trataba nada más y nada menos que de reestructurar el Estado. De esto hará poco más de 20 años, cuando apenas se comenzaba a hablar de transparencia, de rendición de cuenta o de acceso a la información.
El mes pasado, en plena etapa de transición entre un gobierno y otro que asumirá el 15 de agosto, instalado el nuevo Congreso se aprobó un proyecto de ley por el que se crea la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, fusionando la Dirección Nacional de Aduanas y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). Quizá sea algo que debía hacerse para mejorar la eficiencia del Estado en el ámbito de las recaudaciones y de la política tributaria en el país. O quizá no.
Lo que llamó la atención es la prisa y que no se abrieron a un mayor debate este y otros proyectos que apuntan a una nueva reestructuración del Estado, en la que deberían involucrarse todos los partidos políticos, el ámbito académico y las organizaciones ciudadanas que activan a favor de una mayor transparencia y respeto a los derechos humanos. Después de todo, la calidad democrática se construye entre todos.
Pero no, ya empezó a sentirse lo que significa una aplanadora en el Congreso, donde por la mayoría del Partido Colorado y sus satélites, el Ejecutivo que se instalará en dos semanas más tendrá cómodamente su alter ego. Allí ya se percibe un preocupante aire de “somos los que mandamos y haremos lo que nos plazca”. Se mencionan otros cambios que pretenden subsumir ministerios o secretarías vinculadas a ámbitos de alta sensibilidad como Niñez y Adolescencia, Mujer y otras en un nuevo superministerio.
Y como este tramo de transición es de nadie, no se dan explicaciones a los ciudadanos ni crean espacios de participación sobre estas propuestas que surgen en una etapa de “piloto automático” para el gobierno que se va, y de acomodos y designaciones para el que viene, parte del cual ya está operativo y plenamente vigente desde el 1 de julio, cuando asumieron los miembros de ambas Cámaras. Argumento suficiente para no imprimir tanta prisa arrasadora en el Legislativo.
Otro asunto de cuidado y que debería tomarse como una alerta es la denuncia impulsada por Horacio Cartes, presidente del Partido Colorado, ante la Fiscalía contra “la persecución política” de la cual dice haber sido víctima desde el 2018. Detrás de esta jugada se huele sed de venganza y una advertencia para que se tome nota de qué lado están el poder económico y el político.
Sumemos el temor que genera someter las instituciones del Estado a gente sin criterio, con notorios rasgos de analfabetismo funcional, sin pensamiento propio. ¡Dios nos libre de lo que harán! De seguro no será nada bueno ni representará un paso para adelante. Y, finalmente, lo que traerá la absorción por los medios de comunicación oficialistas de parte del ejército de trolles que operaban para HC y a favor de Santi Peña.
Los “hater” ya no estarán solo en las redes sociales, sino serán figuras del conjunto de medios cartistas. Un gran desafío para la ética periodística y para la libertad de expresión que, recordemos, conlleva muchas responsabilidades.
