En un análisis publicado en su página web, la Sociedad de Economía Política del Paraguay (Seppy) comienza diciendo que Paraguay recibió a la pandemia del coronavirus (Covid-19) en el marco de una crisis que presenta diversas manifestaciones de carácter estructural y cuyos efectos se vieron potenciados por la situación sanitaria a nivel global.
“El nuevo contexto mostró que un país eminentemente productor de alimentos como el nuestro, rico en tierras, agua y clima benévolo, puede tener al mismo tiempo miles de personas hambrientas y/o subalimentadas, gracias a políticos corruptos, ineptos y sometidos a los angurrientos dueños del país”, manifiesta.
En un extenso análisis, Seppy cuestiona los escasos avances en materia sanitaria, educativa y agraria, así como la falta de apoyo al sector laboral durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
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La organización llama la atención por el aumento de la deuda pública, que representa actualmente el 30,7% del producto interno bruto (PIB).
“Esto resulta sumamente riesgoso para una economía de pequeño volumen, con baja capacidad para generar empleos, con un precario desarrollo del tejido industrial, gran proporción de trabajo informal, un sector externo dependiente de la producción de commodities para la exportación (soja y carne), cuya característica es la fluctuación de los precios en el mercado internacional y el nulo efecto redistributivo”, indica una parte del análisis.
A esto, añade la escasa capacidad de recaudación tributaria, la evasión fiscal que según datos de la Subsecretaría de Estado de Tributación ronda el 30% y la baja presión tributaria que llega al 10% (2019), lo que ubica a Paraguay en el último lugar en cuanto a presión tributaria, condimentos perfectos para una posible moratoria.
“El primer elemento que hace insostenible y peligrosa la deuda es que los recursos obtenidos por la colocación de los títulos en el mercado financiero privado internacional son utilizados en una gran proporción para el servicio de la deuda, es decir, contraer deuda para pagar deudas, así como para sostener la estructura del Estado, a lo que se añade la pésima ejecución del gasto y el despilfarro de recursos públicos”, advierte.
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Seppy también cuestiona que, bajo el discurso de mejorar la infraestructura vial, la única derivación es garantizar el libre tránsito de las commodities, al mismo tiempo que se condena a la ciudadanía a seguir padeciendo uno de los peores sistemas de transporte en la región y a la contaminación del ambiente como resultado del aumento del parque automotor y las actividades productivas vinculadas a dicha infraestructura.
La organización critica también la falta de inversión en proyectos que permitan acceder a un sistema de transporte de calidad tanto a nivel urbano como aquel que permita la conexión de comunidades rurales remotas con centros de salud o de estudio.
“Cuando se destinan recursos solo en grandes rutas para la agroexportación, habla del sesgo para beneficiar a un sector de la sociedad, por lo cual denunciamos la exclusión que propone el sistema vial que se viene estructurando, con deudas que estamos pagando todos los habitantes del país”, indican.
La deteriorada cuestión agroalimentaria
Al hacer una evaluación sobre la situación agraria, Seppy sostiene que el segundo año de gobierno de Mario Abdo estuvo marcado por la continuidad de medidas favorables al modelo agroexportador extractivista, y por el continuo abandono de la agricultura campesina.
Agrega que desde marzo se sumaron la pandemia y el aislamiento social que agudizaron los problemas estructurales ya existentes.
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Con relación a la política de tierras para la población campesina e indígena, afirma que es prácticamente inexistente.
“No hubo expropiaciones, no hubo recuperación de tierras fiscales ni malhabidas, ni siquiera hubo compras significativas de tierras para asentar a la numerosa población que no posee un lote donde vivir y cultivar”, afirma.
Añade que la política del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) se reduce a procesos jurídicos y administrativos de regularización de lotes ya asignados en años anteriores, lo cual no ha tenido mayor impacto. “El único intento significativo de expropiar tierras para beneficiar a campesinos, unas 1.450 hectáreas en Tacuatí, San Pedro, fue rechazado en el Congreso, por pedido ¡del propio Indert!”, lamenta.
Acota que a esto se suma la política de desalojos, que afectó a aproximadamente 29.000 personas en 2019, en unos 30 operativos, tanto en zonas rurales como urbanas o periurbanas.
“En setiembre de 2019 se vio claramente la sumisión del Estado a los sectores terratenientes, al derogarse el Protocolo de actuación vigente para casos de desalojos, que establecía un procedimiento previo a la ejecución de un desalojo. El mismo estaba vigente desde el 2012 y fue derogado por pedido de los gremios empresariales, la ARP, UGP y UIP. Esta medida facilita aún más la realización de desahucios, incluso sin tener total claridad sobre la situación de las tierras ocupadas”, reprocha.
Seppy también recuerda que en setiembre de 2019 fue promulgada una reforma tributaria impulsada por el Gobierno, la cual califica como “claramente favorable al sector empresarial y terrateniente”, pues no corrige las desigualdades tributarias ni genera mecanismos para que los sectores de mayores ganancias tributen más.
Sostiene que fue una reforma conservadora que no incrementa el impuesto inmobiliario rural ni incluye el gravamen a la exportación de soja, en consonancia con los intereses de terratenientes y agroexportadoras.
El impacto de la crisis en el sector Salud
La Seppy además analiza el sector sanitario e indica que a cinco meses de haberse declarado la Emergencia Nacional y de haberse implementado la cuarentena total y parcial, que posibilitaría al Gobierno “ganar tiempo” y equipar el sistema de salud pública, hoy los hospitales públicos presentan déficit de camas UTI, respiradores, trajes protectores, medicamentos e insumos generales, necesarios para el tratar a los contagiados.
Recuerda que actualmente la cifra de contagiados supera los 8.000 casos, pero “se sigue reflejando el precario e ineficiente sistema de salud pública”.
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Sobre el sector educativo, la organización indica que la pandemia contribuyó a evidenciar –aún más- las deficiencias del sistema educativo paraguayo, caracterizado por su baja calidad y la desigualdad y en la que ni el plantel docente ni las familias se encuentran en condiciones de asumir los desafíos que impone la coyuntura actual de educación a distancia enmarcada en un contexto de confinamiento y extrema vulnerabilidad económica y social.
“La brecha digital constituye uno de los problemas que el Gobierno no ha podido ni quiso resolver y que hoy, en medio del confinamiento, se ubica como traba para la educación a distancia. El acceso a internet y a infraestructura digital es sumamente desigual entre los hogares más ricos y los más pobres”, reprocha.
Por último, cuestiona el plan de reactivación económica que, asegura, contempla continuar con la dinámica de endeudamiento para garantizar la reproducción de capitales privados, los cuales no solo se ven favorecidos con las innumerables exenciones fiscales, sino que además, la legislación paraguaya habilita la fuga de capitales a través de la repatriación íntegra de sus utilidades hacia las casas matrices.
Añade que esto significa que las grandes corporaciones que manejan el 85% del comercio exterior de las materias primas, alimenticias y minerales, principalmente, no dejen ganancias para el país y tampoco capacidad técnica instalada.
“Consideramos que ante el discurso de “reactivar la economía”, de un modelo productivo que trae más perjuicios que beneficios para la población, pobreza, exclusión y desigualdad, debe ser puesto en discusión, pues hoy más que nunca se impone la necesidad de transformar el sistema económico, y para ello implementar políticas económicas que permitan superar la matriz extractivista primario exportadora, que tanto daña al ambiente y a la gran mayoría de la población”, finaliza.
