La resolución número 196 de la Seprelad apunta a la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, mediante un “sistema de administración y gestión de riesgos” de clientes que debe ser administrado por playas de vehículos, concesionarias u otros dedicados a la importación y compra-venta de vehículos.
“Esta nueva resolución busca la identificación, el perfilamiento, el monitoreo y el eventual reporte del cliente, generando perfiles de menor a mayor riesgo. En caso de reportarse actividades sospechosas de un cliente o comprador de un vehículo, el perfil saltaría como una alerta y se comunicaría a la Seprelad”, comentó Marcet.
El asesor jurídico explicó, a modo de ejemplo, que la nueva legislación permitiría corroborar que una persona con sueldo mínimo y que compra un vehículo a través de un sistema de cuotas no sería en principio un riesgo para el sistema, mientras que otro que gana un salario base y adquiere un auto al contado por USD 50.000 o mayores sumas de dinero podría configurarse como un cliente de alto riesgo y encendería una alerta a ser comunicada a la Seprelad.
Marcet confirmó que la reglamentación anterior sobre el tema se derogó y la nueva legislación exige también que las playas de autos, concesionarias u otras firmas dedicadas a la venta de autos deben realizar una auditoría externa, así como la obligatoriedad de la designación de un “oficial de cumplimiento”, un profesional interno del negocio que debe monitorear los perfiles de clientes para la prevención del lavado de activos.
El nuevo reglamento fue consensuado durante varios meses de este año desde la Seprelad con sectores involucrados, como la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (Cadam) y la Asociación de Importadores de Vehículos Usados del Paraguay.