Autoridades y representantes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) mantuvieron una reunión el día de ayer para coordinar los trabajos conjuntos que realizarán en el marco de las elecciones generales del 30 de abril de este año, donde se aplicarán controles al dinero que fluye en las campañas electorales de los diferentes candidatos y agrupaciones políticas.
La viceministra de la Seprelad, Carmen Pereira Bogado, acompañada del director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández, y el director general de Análisis Financiero y Estratégico, Guillermo Preda, recibieron a representantes del TSJE para discutir estrategias, en el marco del fortalecimiento del control del financiamiento político y prevención del uso de recursos económicos ilícitos con miras a las elecciones generales.
“Hemos coordinado las estrategias para abordar nuestra tarea de prevenir y combatir el flujo de recursos ilícitos en el financiamiento de campañas políticas, de esta manera avanzamos en la implementación de la reglamentación específica que regula los mecanismos que deben implementar los partidos políticos, concertaciones, alianzas y candidatos en general al momento de recibir dinero para financiar sus campañas”, expresó la viceministra.
Los técnicos Ariel Almada, Juan Domínguez y Eduardo Franco, en representación del máximo órgano electoral, mencionaron el compromiso y disposición del TSJE para apoyar las acciones regulatorias y las supervisiones que surjan a fin de transparentar el financiamiento de procesos eleccionarios.
“La Seprelad, considerando que los partidos políticos son sujetos obligados, están compelidos a informar de sus contribuciones, así como lo hacen otros sectores obligados y con ello se podría realizar un monitoreo antes, durante y después de los comicios, bajo la supervisión del TSJE”, expresaron desde el organismo de control.
La Ley de Financiamiento Político estableció la participación de la Seprelad en los procesos de control a las campañas electorales, ante el peligro que representa en la sociedad la utilización de dinero del crimen organizado en el proselitismo político.
Seprelad y CSJ. Por otro lado, la viceministra de la Seprelad también mantuvo una reunión con representantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el marco de la realización de la actualización de la evaluación nacional de riesgos de LA/FT/FP del Paraguay.
Explicaron que la Corte Suprema de Justicia es supervisor de los escribanos y notarios públicos, y en ese sentido debe realizar una evaluación de riesgo sectorial y trabajar además en la madurez de la supervisión, a fin de ajustar la normativa con enfoque basado en riesgo.
La actualización de la evaluación nacional de riesgos será efectuada por los distintos organismos del Estado con el asesoramiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), según explicaron.