Cuando la vergüenza fue pública por qué ocultar lo demás. El presidente Mario Abdo Benítez había celebrado la muerte de “dos mujeres” que resultaron ser niñas y fue tarde cuando el Gobierno intentó redireccionar el enojo con una denuncia contra el EPP por el reclutamiento de niñas y niños porque gran parte de la población entendió que independientemente a los crímenes que comete el grupo armado, es inexcusable la obligación de un Estado de Derecho de rescatar a los niños, niñas y adolescentes y mejorar sus condiciones de vida, lejos de las estigmatizaciones.
Pero en el país del revés, es el Estado el que estigmatizó a las niñas ya muertas y la falta de credibilidad hacia las fuerzas públicas lleva a imaginar con gran sustento un discurso falso sobre la participación de las víctimas en el EPP y la eliminación de las evidencias que hubiesen ayudado a esclarecer qué pasó en Yby Yaú. El gobierno no se arriesgó a tener de jueces a la ciudadanía y operó en el Senado para rendir cuentas en una sesión reservada, excluyendo a los diputados, a pesar de los esfuerzos de la oposición de abrir la reunión con una transmisión virtual.
Pareciera ser que el Poder Ejecutivo teme el impacto de la indignación generalizada como consecuencia de su persistente negligencia que se agravó primeramente con la pandemia y se convirtió en una bola de fuego apenas contenible con el asesinato de dos niñas.
Antecedentes. No es la primera vez que la FTC está involucrada en muertes durante dudosos operativos, puesto que organizaciones de Derechos Humanos y hasta la Pastoral Social vienen denunciando los estragos que causa este grupo en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, desde que Horacio Cartes decidió militarizar la zona Norte del país en el 2013.
El Servicio Paz y Justicia recuerda algunos casos como el de Julián Ojeda, quien murió a manos de la FTC en el 2015. Los testimonios de su familia y vecinos apuntan a que fue pescar después de la jornada laboral en la chacra y desapareció, en tanto que las fuerzas públicas lo vincularon al EPP. Coincidentemente Ojeda estaba vestido con uniforme camuflado, hecho que sus familiares denunciaron como un montaje, misma sospecha que surgió en el reciente suceso.
En la lista sigue un adolescente sordo que fue acribillado mientras estaba internado en una vegetación donde buscaba lodo para fabricar bodoques. La comunidad de Arroyito denunció que también se plantaron evidencias, entre ellas un arma larga, y aunque luego las autoridades pidieron disculpas al no poder sostener su versión, no hubo investigación para determinar las responsabilidades en este homicidio. Entre otros casos conocidos está la muerte de los hermanos Ovelar, de Vicente Ojeda y Francisco Denis, quienes fueron presentados por la FTC como miembros del grupo criminal.
Los últimos acontecimientos refuerzan la presunción de que estos asesinatos fueron presentados como “operativos exitosos” para justificar el malgasto de USD 14 millones de manera anual en una fuerza de élite que los gobernantes están obligados a eliminar y consecuentemente a enmendar los errores dando lugar a las propuestas con perspectivas de derechos para combatir al EPP con mayor presencia estatal en el campo traducida en la provisión de servicios básicos que permitan el desarrollo humano de la población, sin discriminación.
