Óscar Orué, viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), estuvo presente este domingo en el programa La Lupa, emitido por Telefuturo, en el cual brindó detalles sobre el hallazgo de las facturas de contenido falso por USD 25 millones, que involucra a 17 municipios y a una gobernación, quienes habrían justificado gastos irregulares por USD 8,3 millones entre 2018 y 2020.
“Aún no pudimos dar con los verdaderos cerebros de esto, porque hay dos cerebros, está el cerebro por el lado de las licitaciones y está el cerebro por el lado de las facturas falsas, pero yo estimo de que sí lo vamos a poder hacer, está la capacidad, realmente es un trabajo muy bueno del área de inteligencia de Tributación, gente muy comprometida que realmente nos pone muy contentos”, explicó.
Orué manifestó que este es el primer caso que descubrieron con el sistema Big Data, el cual establece la posibilidad de poner parámetros o criterios en base a ciertas variables, por ejemplo, especificar si tiene bancos, patrimonios, deudas y establecer un perfil del contribuyente. Indicó que si una persona no tiene ciertas características, se puede activar una alerta de riesgo y a partir de ahí se comienza a investigar.
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El titular de la SET mencionó que esta investigación surgió luego de que utilizaran la identidad de una persona para facturar G. 51.000 millones en tres años, posteriormente empezaron a armar el esquema, vieron a quiénes les vendió, los proveedores a quienes vendieron y hallaron la ramificación de entidades descentralizadas como el caso de los municipios y la gobernación.
El viceministro aclaró que las facturas correspondían a diferentes empresas, una de ellas es una “superproveedora” que contrata con diferentes organismos del Estado. Explicó que el hecho de que haya facturas por G. 51.000 millones no quiere decir que hubo movimiento de dinero, porque ellos venden esa factura y cobran entre 1 al 3% en el mercado negro para poder justificar los ingresos y gastos.
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La empresa constructora tiene licitaciones adjudicadas con 17 municipios y una gobernación, para hacer sus obras. Supuestamente realizaba compras que tienen como sustento legal un documento de contenido falso y no hay pruebas de que la empresa haya comprado nada en términos legales.
“Se le está perjudicando a empresas que pagan impuestos, que pagan IPS, que cumplen las reglas, pero no pueden participar porque hay esquemas fraudulentos para ganar licitaciones”, agregó Orué.
El viceministro explicó que puede haber prestanombres, por lo que no se descarta la existencia del lavado de dinero. Aseguró que la instrucción que recibió del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, fue el de investigar, ir “para adelante y con pruebas”.
Las municipalidades afectadas por este operativo son: San Roque González, Ypacaraí, Mbuyapey, General Patricio Escobar, Mbocayaty del Yhaguy, Yaguarón, Villeta, Tebicuarymí, Santa Rosa (Misiones), San Alberto, Pirayú, Juan De Mena, Jesús de Tavarangué, Guarambaré, Itauguá, Isla Pucú y Fernando de la Mora.
Por su parte, la Gobernación afectada es la de Cordillera.