En el documento presentado ante el magistrado, menciona que la semana pasada un grupo de ciudadanos, entre periodistas y representantes de oenegés, presentó una nota a la Contraloría General de la República, por medio de la cual piden al contralor Camilo Benítez Aldana que solicite al Poder Judicial una “autorización jurisdiccional” para que se publiquen en la página web de la institución a su cargo las declaraciones juradas de bienes y rentas, activos y pasivos, de todas las autoridades y funcionarios de la OEE (Organismos y Entidades del Estado), que estén directa o indirectamente involucrados en los procesos de contrataciones públicas que vayan a desarrollarse en el marco de la vigencia de la Ley de Emergencia Sanitaria, así como los proveedores del Estado que resulten adjudicados, con la excepción de ciertos datos.
La respuesta del ente contralor en dicha oportunidad fue que a pesar de coincidir en el objetivo de lograr la transparencia en la utilización de los recursos públicos, la medida solicitada por los recurrentes no se ajustaba a la legislatura vigente. Ante esta situación, se presentó el citado amparo. “Si el juez dicta una sentencia, asumiremos que se cumplió con la ley y publicaremos todo”, aseguró Benítez Aldana. Por otro lado, manifestó que la respuesta que dio la Contraloría al grupo de ciudadanos fue sacada de contexto.