El contrato número 118/19 entre la Comuna y la empresa hablaba de G. 238.000 el metro cuadrado cuando el costo de mercado no supera los G. 11.000. Este precio generó todo tipo de reacciones de sectores que vienen cuestionando la gestión del intendente Miguel Prieto.
Desde la Junta Municipal ayer se aclaró que el costó real aprobado por la legislatura es de G. 10.600 el metro para el trabajo de empastado del espacio, precio que, aseguran, se estableció desde un principio. Se presume que hubo error de tipeo en la transcripción del documento final que fue refrendado. El hecho derivó en la auditoría de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC). La titular de esta dependencia, Maggi Fariña, fue separada del cargo. Ayer la Junta Municipal, a pedido del intendente municipal, aprobó una adenda al contrato para corregir el error, según aseguran, solicitando además el sumario a los funcionarios del Comité Evaluador, integrado por Vidal Vásquez, Stefy Garcete y Pedro Acuña. “El precio del empastado se aprobó como corresponde, pero a la hora de la firma de contrato hubo cambio en los números. El precio era exorbitante cuando el costo que hemos aprobado era de G. 10.600 el metro cuadrado. El precio global de la obra no cambia. Hubo cambios del tipeo, no sé qué fue lo que pasó, es por eso que se está haciendo un proceso a los funcionarios de la UOC”, explicó María Portillo, concejal municipal.
AUDITORÍA. El 17 de abril, Prieto, por Resolución 3562/2020, dispuso la auditoría en la UOC. Señala que verificaron la licitación en cuestión y que se pudo constatar “errores en las cargas de los datos de algunos ítems y haciendo el análisis en base a los precios referenciales y porcentajes establecidos en la Resolución 411/18 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, se constató que el monto total del contrato inicial sufrió modificaciones, como se demuestra en la adenda suscripta en fecha 7 de mayo 2020”, refiere el dictamen aprobado ayer en la Junta Municipal. Esta obra fue adjudicada en diciembre del año pasado por un monto de G. 11.524.728.822, recursos provenientes de royalties para la construcción de la costanera. La empresa tiene plazo de nueve meses para culminar el proyecto. El proceso licitario fue sujeto de investigación por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Se presentó una impugnación por parte de la empresa Aponte Latorre SA, representada por Osvaldo Aponte Rodríguez, una de las firmas que participaron de licitación, contra el consorcio Ñande Ypotî, de Darío Marciano Zárate Rondelli.
El recurrente consideró que fue descalificado de manera irregular de la puja licitatoria, por lo que planteó la impugnación, paralizando el inicio de las obras. Finalmente, la DNCP, a través de la Resolución 1.500/20, dio por concluida la investigación de oficio y descartó la existencia de irregularidades en el proceso licitatorio.