En una audiencia pública, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Senado, hubo un debate sobre los sucesos ocurridos en la zona Norte, en el que resultaron abatidas dos menores, vinculadas al EPP.
La fiscala general del Estado Sandra Quiñónez sostuvo que los responsables son los familiares de las niñas, y no el Estado paraguayo.
“Ellos no perdonan, eso de poner a los niños en primera fila, no es la primera vez”, remarcó sobre el EPP.
El fiscal Federico Delfino aseguró que de acuerdo al informe forense no existieron rastros de tortura, y que las menores no fallecieron por disparos de corta distancia.
El vicecanciller José Antonio Dos Santos refirió que en todos los informes solicitados por organismos del exterior sobre este caso, indicaron que no existe un conflicto armado.
“El EPP es el grupo criminal y no el Estado paraguayo. En Paraguay rige el estado de derecho. No es una dictadura”, señaló Dos Santos.
La ministra de la Niñez, Teresa Martínez dijo que se necesita una ley que regule, prohíba y proteja contra la captación de menores por parte de grupos criminales.
Aníbal Cabrera, de la Coordinadora de Derechos de la Infancia y Adolescencia, refirió que no correspondía la presencia de la FTC en tiempo de paz, y que es necesario hacer un balance costo beneficio.
Pedro Galli, de la ARP, cuestionó la falta de voluntad cada vez más lejana de los tres poderes del Estado, y que miembros del Congreso alienten las invasiones.
El senador Fidel Zavala alegó que no se tuvo en cuenta la participación de familiares de secuestrados y otras víctimas del EPP. La Codehupy planteó que el Equipo Argentino de Antropología Forense audite la investigación de la Fiscalía sobre la muerte de las dos niñas en Yby Yaú.
Cuando uno está en zona de fuego, es difícil distinguir quién es quién. Es mi vida o la del que está ahí.Sandra Quiñónez, fiscala general del Estado.
¿Cuándo se va a derogar la ley que crea la FTC? Hay que invertir en protección social y programas sociales. Aníbal Cabrera, Derechos de la Infancia.