En esta ocasión, mediante las Resoluciones N° 2662 y 2663, el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dispuso la reubicación y cese de nombramientos interinos de ujieres de los Juzgados de Paz de Catedral 1° Turno y La Encarnación, de la capital, con base en las presuntas irregularidades por las denuncias del caso mafia de los pagarés.
Los funcionarios afectados son Alfredo Samudio Benítez y Nicolás Antonio Antúnez Tillería, cuyo traslado y nombramiento respectivamente, quedaron terminados de forma interina.
Además de los ujieres Jorge René Montiel Montiel, del Juzgado de Paz del Distrito de La Catedral del Primer Turno, y Audrey Jazmín Galeano Mora, del Juzgado de Paz de La Encarnación, quienes pasan a disposición de la Dirección de Administración de Personal, para su posterior reubicación.
Las resoluciones llevan la firma del presidente del Máximo Tribunal, Luis María Benítez Riera, y los vicepresidentes Gustavo Santander y Alberto Martínez Simón.
otros. Estas disposiciones se suman a lo ya ordenado por la Superintendencia de la Corte la semana pasada, que afectó a Osvaldo Insfrán Vera, ujier notificador del Juzgado de Paz de La Catedral del Primer Turno, que pase a disposición del Departamento de Personal, para su reubicación.
Además, el funcionario Miguel Ángel Rolón Recalde, secretario del Juzgado de Paz de San Roque, pasó a disposición del Departamento de Personal del Poder Judicial.
Mientras que dieron por terminados los ascensos y nombramientos en forma interina de los funcionarios Pablo Matías Cabrera Irigoitia y Mariam Adelaida Ortiz Aquino, a más de los ujieres Heber Hernán Cardozo Areco y Líder Rodrigo Benegas Cristaldo.
vida de lujos. Todos estos funcionarios habían sido denunciados en la red social X por el abogado Jorge Rolón Luna, porque supuestamente formaban parte de la mafia de los pagarés.
Según la denuncia, los mismos fraguaban notificaciones de demandas por el cobro de los pagarés, con lo que iniciaba el proceso, el que era conocido por los demandados recién cuando les embargaban sus salarios, sin que pudieran ya defenderse.
Asimismo, Rolón denunció los lujos que se daban los ujieres, pese a que ganaban G. 3.500.000 en forma mensual, haciendo viajes por todo el mundo, lo que luego compartían en sus redes sociales.
Actualmente, tres juzgados de Paz de la capital se encuentran intervenidos y auditados por la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, con el objetivo de identificar a los presuntos responsables de la mafia de los pagarés.
Sin embargo, la medida es calificada como “tibia” por las víctimas, ya que todos los juzgados se encuentran con estas irregularidades.
La Corte además remitió ayer la lista de 147 funcionarios de los nueve juzgados de Paz de capital a la Contraloría General de la República (CGR) para realizar el estudio de correspondencia de bienes de los mismos. Al respecto, el director de Declaraciones Juradas de Contraloría, Armindo Torres, manifestó que se analizará primero el patrimonio de los jueces, luego el de los actuarios, ujieres y, por último, de los funcionarios. Sin embargo, se exige que la medida se extienda a todos los funcionarios judiciales.
