Una vez más la Cámara de Diputados quedó sin cuórum cuando tenía importantes temas que tratar, entre ellos, la interpelación al viceministro de Transporte Óscar Stark y el estudio del pedido de juicio político al representante del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Jorge Bogarín Alfonso. Puede que haya sido una estratagema para evitar el tema del juicio político o que los legisladores se encuentren concentrados en sus respectivas campañas políticas, pero resulta inaceptable que los representantes de la ciudadanía tengan tan escasa inclinación a permanecer en sus lugares de trabajo y realizar las tareas para las cuales fueron electos, y por las que reciben millonaria retribución.
Al iniciar la sesión hubo un ajustado cuórum, pero luego los diputados abandonaron la sala, con lo que no solo dejaron de resolver importantes cuestiones, sino que no adelantaron el orden del día de la sesión ordinaria de mañana miércoles.
Hace un mes, el embajador de los Estados Unidos Marc Ostfield había anunciado que el Departamento de Estado del país que él representa decidió incluir en su lista de significativamente corruptos al abogado Jorge Bogarín Alfonso, integrante actualmente con permiso del Consejo de la Magistratura; al ex titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, Édgar Melgarejo, y al funcionario judicial Vicente Ferreira por hechos de corrupción.
Según lo señalado por Ostfield, Melgarejo fue declarado como corrupto debido a que “malversó fondos” del Estado para beneficio personal durante su gestión, recordando el caso de la compra de tapabocas de oro de la Dinac durante la pandemia del Covid-19, mientras que Jorge Bogarín y Vicente Ferreira interfirieron en procesos judiciales afectando la “independencia e imparcialidad” del Poder Judicial.
Jorge Bogarín integraba el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados representando ahí al Consejo de la Magistratura, instancia en la que representaba al gremio de abogados. Él fue parte del proceso de selección de la terna para los candidatos a ocupar el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia, en reemplazo del investigado por prevaricato Antonio Fretes y por un periodo fue presidente del JEM.
Bogarín se aferró al cargo, pero el Consejo de la Magistratura eligió otro representante del organismo ante el Jurado para reemplazarlo. Pese a haber sido declarado significativamente corrupto, Bogarín solo está con permiso.
El libelo acusatorio de Diputados incluye cuatro causales, las que se enmarcan en el presunto mal desempeño de funciones, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Uno de los casos está relacionado con un presunto abuso sexual en niños que estuvo a cargo del ex fiscal de San Pedro Jorge Eduardo López Lohman, quien tras haber imputado al sindicado fue destituido de su cargo en el 2021 por el Jurado de Enjuiciamiento, precisamente con el voto de Bogarín. El grave caso de violación de la niña quedó impune.
Otros puntos son no haberse excusado de intervenir en un concurso de la Corte Suprema en la un postulante era amigo suyo, demostrando con esto falta de decoro y honestidad. El libelo incluye además mal desempeño por enriquecimiento sin causa y declaración falsa.
La ciudadanía reclama una justicia que ya no privilegie a algunos pocos mientras deja desamparada a la gran mayoría. Con tan escasa y maltrecha credibilidad urge que las instituciones que deben colaborar en la depuración y en apuntalar un sistema de justicia cumplan con su tarea. Los paraguayos quieren vivir en un país con democracia y justicia, por eso es inaceptable que los diputados sigan siendo cómplices de la impunidad.