Desde fines del 2016, Paraguay cuenta con la Ley 5777 de Protección Integral a las Mujeres, que establece políticas de prevención, atención, protección, sanción y reparación en los casos de violencia hacia las mujeres.
Para su cumplimiento involucra a varias instituciones estatales, pero la gran novedad fue la incorporación del feminicidio como tipo penal con un castigo entre 10 y 30 años de cárcel. La normativa entró en vigencia a pesar de los detractores, incluyendo abogados, que argumentaban una imposibilidad de aplicación desde el punto de vista legal.
Esta normativa se presentaba como una solución a los crímenes y a la violencia que sufren las mujeres en Paraguay, pero sigue siendo el hecho punible más denunciado en el país, aunque los casos ingresan al Ministerio Público como violencia familiar.
En cuanto a los feminicidios, se registraron más de 30 causas en el 2024, mientras que una víctima atacada de 30 puñaladas este año sigue luchando por sobrevivir. Es un caso más en el que falló la protección a una mujer que ya había denunciado a su ex pareja y que en medio de la impunidad fue agredida nuevamente y con más saña.
Una causa emblemática es la de Dahiana Espinoza, desaparecida en setiembre del 2020. La fiscala Daysi Sánchez no pudo encontrar el cuerpo, pero comprobó que su ex pareja Joel Guzmán es su feminicida.
Pidió la pena máxima para el acusado y reprochó el ocultamiento del cadáver que impide la despedida de su familia como parte del duelo.
Dahiana dejó un hijo huérfano, así como la mayoría de las víctimas de feminicidio. Los niños, niñas y adolescentes quedan a cargo de familiares sin un seguimiento del Estado acerca de su salud, educación y bienestar general.
Luego de haber sido rechazado anteriormente un proyecto que contemplaba indemnizaciones para los huérfanos, de manera que tengan asegurada una manutención, finalmente fue aprobada la Ley 7349 que atiende a las víctimas colaterales. Pero aún no hay novedades respecto a su aplicación.
Asimismo, las mujeres que sobrevivieron a los intentos de feminicidios carecen de asistencia económica para lograr su independencia y desarrollo integral. Y aunque están disponibles los servicios de atención sicológica, la accesibilidad no condice con las necesidades y realidades de las víctimas.
Casi una década. Hasta el momento, la ley no pudo arrojar avances significativos, salvo excepciones, a raíz de la negligencia estatal. Las comisarías y los Juzgados de Paz siguen minimizando las urgencias de las mujeres víctimas de violencia con resultados que llevan a la muerte.
En un intento por compensar las fallas, el Ministerio del Interior compró tobilleras electrónicas para monitorear a los agresores de mujeres y evitar los acercamientos con sus víctimas
Aunque esta medida puede dar una percepción superficial de seguridad a las denunciantes, no representa garantías en cuanto a la acción de las fuerzas públicas que ya se encuentran en falta. Además, sigue siendo un enfoque únicamente punitivista y alejado del abordaje integral de la problemática.
El sistema educativo es un aliado clave en esta cruzada contra la violencia hacia la mujer, de manera a que los niños y niñas aprendan sobre la igualdad para llegar a una sociedad libre de violencia y en que los hombres ya no consideren a las mujeres como su propiedad.
Pero esto no será posible con un modelo que rechaza la Educación Integral de la Sexualidad y da rienda suelta a los grupos antiderechos que solo buscan perpetuar un sistema de dominación masculina con sus ramificaciones económicas, políticas y sociales.
