Hace unos días, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura presentó el informe Pabellón La Bronca. Se trata de un estudio acabado de la capacidad real de albergue que tiene el sistema penitenciario paraguayo. El trabajo de campo fue hecho por estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA) de la Universidad Nacional de Asunción y consistió en verificar todas las cárceles del país para saber qué tantos presos pueden alojar, teniendo en cuenta el estándar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos –que el Estado paraguayo debería respetar para no exponerse a una demanda– de una superficie de siete metros cuadrados de celda por cada prisionero.
La investigación no pudo ser publicada en un mejor momento: Una de las primeras medidas del nuevo Gobierno fue la declaración en emergencia de la infraestructura física de todas las cárceles y el consecuente anuncio de la construcción de cinco nuevas penitenciarías.
Las conclusiones del informe revelan que durante años diferentes gobiernos estuvieron maquillando las cifras sobre el hacinamiento carcelario. Hasta hace poco, el Ministerio de Justicia aseguraba que el sistema penitenciario tiene una capacidad máxima de 9.491 plazas, por lo cual había una sobrepoblación de alrededor de 5.000 presos. El estudio advierte que la capacidad real es solo de 4.310 plazas: La sobrepoblación es de 11.000 presos.
Si hace apenas un mes el Gobierno hablaba de una “emergencia” penitenciaria por la sobrepoblación de 5.000 presos, ¿qué se supone que haga ahora, que se duplicó la cifra?
En Tacumbú, al menos 200 personas duermen a la intemperie, debajo de los tinglados, en el suelo y con frazadas en mal estado: La desigualdad está presente en la ciudad, el campo y hasta en nuestras prisiones. Jarvis Pavão podía observar desde su suite vip a los pasilleros soportando la miseria a base de chespi. La sociedad se refleja en las cárceles.
Tanto el informe, como diferentes investigaciones académicas y organizaciones, advierten que el problema real no es la falta de infraestructura, sino el encarcelamiento masivo que se dio en las últimas dos décadas. Entre 2000 y 2018, los jueces comenzaron a colmar las prisiones de presos sin condena: Pasamos de 3.219 a 14.461 presos. En el mismo periodo, las leyes se fueron endureciendo cada vez más, atando de manos hasta a los jueces más garantistas.
Con este panorama, no hay prisión que aguante el ritmo del Poder Judicial. Dante Leguizamón, comisionado del Mecanismo, advirtió que con este flujo de presos será necesario construir unas 22 nuevas penitenciarías para descongestionar el sistema.
Para colmo, esta ola de leyes de mano dura y uso desmedido de la figura de la prisión preventiva ni siquiera se tradujo en una mayor seguridad ciudadana. Otro estudio académico de Inecip-Paraguay señala lo siguiente: La mayor cantidad de presos se concentra en Central y este es el departamento que muestra un crecimiento importante en la cantidad de delitos contra la propiedad; es decir que encarcelamos más gente en Central y a la par los delitos, como el hurto y el asalto, aumentaron en el mismo departamento.
El sistema penitenciario se encuentra sobrepasado desde hace al menos 15 años. Es un problema que atravesó cuatro gobiernos y ahora puede explotar en las manos de Mario Abdo. La solución de erigir más cárceles no es nueva. El gobierno de Cartes ya anunció lo mismo. La construcción de más penales parece ser la única respuesta que ofrece la clase política a esta crisis.
Manteniendo los niveles de encierro penal y presos sin condena, nunca habrá suficientes cárceles. Es más necesario un proceso a largo plazo, que involucre cambios legislativos y políticas públicas, y una toma de conciencia de que apostar por un sistema penitenciario más descomprimido a la larga se traduce en apostar por una mayor seguridad ciudadana.
