El discurso público se vuelve insípido e insoportable a esta altura. Y las autoridades nos mienten sin asco. Pero en el fondo, el problema radica en la paupérrima y lamentable gestión del Estado. Los pésimos servicios públicos que padece la ciudadanía es un fiel reflejo de la falta de voluntad política que se arrastra por décadas.
Y todo esto no es un invento mío y a las pruebas me remito. En enero pasado, “Contrataciones Públicas desnudaba el relajo para convocar a licitaciones” (ÚH, 1/02/2021), ya que reportaba que ministerios claves, como Salud, Educación y Obras Públicas, ejecutaron un promedio mensual de dos a cinco licitaciones en el 2020. Esta cifra es bajísima, considerando que la mayoría de las adjudicaciones se dieron frenéticamente en diciembre último, en medio de una corrida desesperada para no perder los fondos anuales.
En pleno año pandémico y con necesidades acuciantes, el Ministerio de Salud ejecutó solo el 73% de lo programado, el Ministerio de Obras Públicas alcanzó 54% de ejecución de lo planificado y el Ministerio de Educación cumplió solo con el 38% de lo previsto. Estos porcentajes demuestran que sí hay fondos y el problema es la gestión.
Irónicamente, en el 2020 “el Estado gastó tres veces más en salarios que en inversiones” (La Nación, 22/01/2021), es decir, solo se destinó el 22,79% del Presupuesto para obras públicas y otras inversiones, y se dejó el 77,20% para pagar salarios de funcionarios públicos.
Con los informes de Contrataciones Públicas y datos del presupuesto estatal, se deja al descubierto el débil compromiso de los funcionarios y entes, la desidia en la programación de los procesos licitatorios y un desprolijo modus operandi que se arrastra por décadas, dejando a última hora el trabajo. En palabras más sencillas, el pueblo solventa y sufre para pagar más ineficacia. O llanamente, se pagan impuestos para no recibir nada.
Este panorama lógicamente provoca imágenes desesperantes, como personas al borde de la muerte que el público ve en los medios, que con tenaz labor y una ejemplar planificación se podrían evitar.
Sin embargo, predominan escenas de familiares desconsolados que reclaman insumos que actualmente no hay, llegando a gastar un promedio de G. 2 millones por día en medicinas (La Nación, 1/02/2021) o bien, se apela al eterno recurso de las polladas o el empeño de bienes para pagar gastos de algún pariente en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) del hospital (ÚH, 3/03/2021).
Como si estas miserias de la mayoría fueran un mero lloriqueo de pobres, cruzando nomás la calle aparece una minoría que goza de seguros médicos vips. El Ministerio de Obras gastará G. 81.600 millones para dar cobertura médica privada a sus funcionarios, una acción repetida por el Ministerio del Trabajo (por G. 850 millones), el Gabinete Civil de la Presidencia (por G. 512 millones), la Secretaría de Emergencia Nacional (por G. 774 millones), el Ministerio de Industria y Comercio (por G. 1 millón mensual a cada uno de sus obreros) y el Poder Judicial (por G. 249.600 millones) (ABC Color, 4/03/2021).
Queda patente que las autoridades nos mienten. Nos dicen que no hay medicinas, con la excusa de la falta de fondos. Ante este descarado embuste, les invito a las autoridades a tomar tres opciones: rectificar rumbos con hechos, renunciar o que se apliquen el mítico harakiri. Este último es un método ritual de suicidio japonés por desentrañamiento (The deadly ritual of Seppuku, 12/01/2013), una práctica de los samurái (antiguos guerreros) que optaban por extinguirse voluntariamente al cometer delitos graves, ya que preferían la muerte que una existencia deshonrosa. Por mi parte, les pido que nos ahorren más angustias y tomen una decisión ya.
