Durante las prolongadas vacaciones de los congresistas, el país se incendia y el hambre empieza a tocar las puertas, especialmente de la agricultura familiar campesina, que perdió sus cultivos de autoconsumo y se está quedando sin alimentos. Si bien esta semana los diputados extendieron la vigencia de medidas de emergencia en el marco de pandemia del Covid-19, en la misma sesión excluyeron de su agenda el estudio del impacto de las sequías.
Los legisladores aplazaron por tiempo indefinido el tratamiento del proyecto que declara al país en emergencia y encomienda tanto a las autoridades nacionales como departamentales a disponer de los recursos necesarios para la inmediata atención de las poblaciones afectadas. Las recomendaciones incluyen asistencia técnica, crediticia, refinanciamiento, subsidios y otras medidas de carácter sanitario y de asistencia estatal.
A pesar de que las transferencias monetarias no son recomendables ni sostenibles, el fracaso en las políticas agrarias obliga al Gobierno a utilizar estas herramientas en situaciones límite como en el caso de una emergencia alimentaria como esta, en la que se ven afectados cultivos de mandioca, maíz, poroto, sésamo y hortalizas, entre otros. Estas pérdidas se traducen también en menos animales de granja que se alimentan de estos rubros.
Ya se había declarado emergencia por las mismas circunstancias en el 2012, cuando se reportó una fuerte sequía que podría ser superada este año. Hasta los grandes productores del sector agroexportador advierten sobre el impacto más grave de los últimos 25 años y como respuesta recibieron una serie de flexibilidades financieras adecuadas a su capacidad económica, una realidad muy alejada de la agricultura familiar, que en su mayoría no tiene acceso a créditos bancarios, en tanto que quienes sí consiguieron préstamos, especialmente de las financieras, arrastran deudas de varios años debido a la prolongada seca que les dejó prácticamente sin ingresos.
Son realidades diferentes, donde un sector arriesga sus ganancias del año, mientras el otro ve amenazada su seguridad alimentaria; por tanto, las respuestas del Gobierno también deben ser diferenciadas y dar prioridad al derecho a la vida de las familias que están en situación de vulnerabilidad.
El cambio climático, que trae consigo sequías más fuertes y prolongadas, además amenaza a la biodiversidad, ya que vuelve a la naturaleza más sensible a los incendios forestales, que a su vez arrasan con la fauna y flora paraguaya. La capacidad de respuesta de las instituciones estatales a estos fenómenos es precaria y no condice con los derechos a un ambiente saludable y a la protección ambiental que pregona la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
No solo hay una reacción deficiente, sino que la gestión de las autoridades también genera dudas y hasta sospechas de complicidad como el ministro del Ambiente, Ariel Oviedo, quien abiertamente justificó en medio de la sequía el relleno de humedales del lago Ypacaraí por parte de una empresa que ejecuta un proyecto inmobiliario o la inacción ante las protestas contra arroceros que bombean agua de los cauces hídricos. Se suma la pasividad del Instituto Forestal Nacional frente a las denuncias de deforestación y de incendios que habrían sido provocados por grandes productores en un intento de transformar esos suelos afectados por el fuego para la explotación agropecuaria, un miedo que fue alertado incluso por la WWW-Paraguay. La organización pide atender estos problemas, así como la atención a las poblaciones alcanzadas por estos desastres, cuyos vestigios son tan evidentes, pero a la vez tan ignorados en los espacios de poder.
