La corrupción es una de las más devastadoras desgracias que afectan al país. Tiene consecuencias terribles en las personas y comunidades, en particular, en los más pobres; socava también la democracia, y supone por encima de todo el menoscabo de la dignidad y la calidad de vida de los ciudadanos. Esta situación es posible solamente por el elevado nivel de impunidad que caracteriza a nuestro sistema de Justicia, ya que cuando no hay sanciones a los corruptos y delincuentes que roban los recursos del pueblo, florece la impunidad.
Basados en datos proporcionados por el Ministerio Público, las organizaciones de la sociedad civil estiman que el daño patrimonial al Estado en 119 casos de corrupción monitoreados oscila la suma de USD 1.178.157.491. El informe 2024 abarcó el análisis de expedientes por casos de corrupción y daño patrimonial al Estado, y la mayoría de ellos guarda relación con delitos de lesión de confianza y estafa.
En el año 2024 solo hubo diez condenas en casos de millonarios delitos por corrupción. Son los correspondientes a los casos de Justo Pasto Cárdenas, José Enrique García, Rody Adán Godoy, Nelzo López, Froilán Peralta, Raúl Fernández Lippman, Carlos Soler, Francisco Alvarenga, Ostaciano López y Hugo Javier González. No obstante, todavía quedan otros 120 casos emblemáticos que aguardan que se haga Justicia.
La corrupción de autoridades y funcionarios no solamente tiene graves efectos, pues cuando se desvían recursos que están destinados a los ciudadanos, se les priva de servicios eficientes y calidad de vida; además se hace un daño irreparable al tejido social cuando se normaliza la corrupción, por un lado, y, por el otro lado, se normaliza la desigualdad cuando los políticos privilegiados amigos del poder reciben el beneficio de la impunidad. La impunidad está cimentada en una Justicia lenta que regala a algunos su indiferencia antes las chicanas judiciales y a otros los envía ipso facto al Penal de Tacumbú, por haber robado seis mandarinas.
Ya en 2023, el informe sobre derechos humanos respecto al Paraguay del Departamento de Estado de los Estados Unidos señalaba que la impunidad en el país es endémica entre los funcionarios de alto nivel. Mencionaba que si bien existen leyes que sancionan penalmente a los funcionarios corruptos, la misma no se aplica en forma efectiva. Hay informes sobre corrupción gubernamental en todas las ramas y en todos los niveles, agrega el informe, con investigaciones periodísticas y de oenegés sobre casos de malversación de impuestos, evasión, enriquecimiento ilícito, abuso de la confianza pública, documentos falsos y asociación criminal; sin embargo, el gran problema es la lentitud de los procesos.
Recordemos que incluso durante el acontecimiento contemporáneo más complejo que vivió la humanidad: La pandemia por el coronavirus, y en medio del colapso de nuestro sistema de salud, mientras paraguayos y paraguayas morían en los pasillos de los hospitales públicos colapsados, hubo autoridades y funcionarios del Gobierno, así como también comerciantes y empresarios que quisieron sacar provecho para aumentar sus ganancias.
No se puede negar el deterioro de la administración de la Justicia, que causa la impunidad; sin embargo, existe una deuda de la sociedad civil respecto a la corrupción. Hace falta su participación y organización, que está informada y más sentido crítico. Hubo 50.000 personas que en 2023 votaron por Rafael Esquivel, Mbururu, que estaba procesado por el presunto ataque a una propiedad, y procesado por tentativa de homicidio doloso, tentativa de coacción sexual y otros hechos como un caso por abuso sexual a una menor. Esquivel fue electo senador de la República. Recordemos también que para el periodo 2018-2023, el electorado votó por once congresistas, entre diputados, senadores y parlasurianos, imputados o acusados por el Ministerio Público por presuntamente cometer diversos hechos de corrupción.
La impunidad genera más corrupción, pero también lo hace la indiferencia de los ciudadanos.
