El transporte público es uno de los temas en los que más improvisación está demostrando el Gobierno. Cuesta no suponer que asumieron el Ejecutivo sin haber contado con una básica evaluación de las principales aristas de este tema. Y lo peor, carecen del interés y la capacidad de comprender lo que supone para trabajadores, empleados y estudiantes el caótico servicio del transporte público y el calvario cotidiano que significa para todos ellos. Hasta ahora la receta ha funcionado, ante la avalancha de críticas, prometen reformas que nunca llegan.
De acuerdo con los reclamos de los usuarios, el servicio no garantiza un horario seguro y nunca se ha resuelto el problema de las reguladas. La población debe aguardar durante horas para poder abordar una unidad que le transporte al estudio o al trabajo. Utilizar el servicio supone horas vitales para las personas, ya que no se trata solamente de la espera, sino que además el traslado supone la lentitud propia de un tráfico caótico y lento, especialmente en la capital, su área metropolitana y el Departamento Central, aunque las condiciones en el interior del país también son precarias.
Asimismo, hay un elevado nivel de peligrosidad en nuestro transporte público. Una de ellas son las condiciones de las unidades, ya que basta una mirada superficial en calles y avenidas para ver que siguen circulando las denominadas chatarras. Los buses en sí no presentan buenas condiciones de higiene, con asientos rotos y hasta agujeros en los pisos, sin mencionar las unidades que ni siquiera prestan el servicio que deberían, como es el aire acondicionado del servicio diferencial. Un tercer factor es el sistema en sí, el denominado “redondo”, que con frecuencia provoca carreras peligrosas entre los conductores y ha provocado más de un grave accidente de tránsito. No se equivocan los usuarios cuando deslizan entre sus quejas una frase que se ha vuelto muy común: “Nos tratan como ganado”. Tampoco existe servicio por las noches y los fines de semana las esperas son eternas.
Ante el aluvión de críticas, en el mes de setiembre las autoridades habían anunciado algunos detalles de un proyecto de reforma del transporte público. Entre otras cuestiones decían que iban a incorporar gradualmente unos 1.000 nuevos buses, incluidos modelos eléctricos, además de la incorporación de tecnología para controlar y monitorear la flota. También mencionaron un sistema de integración tarifaria que facilitará el trasbordo a menor costo. A corto plazo, prometían introducir una flota de 30 autobuses eléctricos, la habilitación de carriles exclusivos para reducir el tiempo de los viajes, la implementación de un servicio nocturno y el establecimiento de 250 nuevos puntos de refugio y paradas. Apuntaron entre los principales objetivos de esta reforma, asegurar la regularidad del servicio y la optimización de los itinerarios.
Aunque nada se sabe del anunciado proyecto de reforma, expertos han advertido recientemente que la compra que plantea el Viceministerio de Transporte en su Plan de Reforma de Transporte no será una solución a corto plazo, pues se carece de un plan operativo. Tratándose de buses eléctricos se precisan de cálculos exactos para que puedan operar y además actualmente todavía se carece de la infraestructura para que puedan operar. Un cálculo rápido señala un tiempo de aproximadamente dos años para que dicho proyecto pueda ser realidad. Un punto por considerar son las condiciones de calles y avenidas de nuestras ciudades y el sistema en sí.
Mientras las autoridades sigan mostrando estos niveles de improvisación y gran desinterés por proveer un servicio eficiente a la ciudadanía, la gente continuará sufriendo maltratos, reguladas, accidentes y humillaciones, toda una población abandonada a su suerte por autoridades que faltan a su deber de trabajar por el bienestar de los ciudadanos. Los paraguayos merecen tener calidad de vida, y el transporte público es una parte esencial para ello.
