Un primer avance sustancial de la caída de la dictadura fue el de haber superado el oscurantismo, la opacidad y la falta de transparencia. Durante el periodo stronista, las estadísticas rigurosas prácticamente no existían o no estaban disponibles. Contar con datos sistemáticos y comparables es la primera señal de un cambio positivo.
No hay dudas de que la democracia ha mejorado las condiciones de vida en Paraguay. La pobreza medida en diferentes formas verifica una reducción. La pobreza estructural analizada a través de las necesidades básicas insatisfechas es uno de los indicadores importantes para evaluar avances o retrocesos.
En 1992, inicio de la transición democrática, dos tercios de los hogares tenía al menos una necesidad básica insatisfecha (NBI), proporción que va reduciéndose paulatinamente hasta llegar al 43% en 2012, último dato disponible. La pobreza monetaria también registra una disminución. El primer dato disponible y comparable en el tiempo es de 1997. Ese año la pobreza afectaba al 40% de la población frente al 25% en 2022.
En 1997, el 9,4% de la población era analfabeta cifra que cae a la mitad en 2022. La cobertura de educación media pasó del 57% al 86%, mientras que la educación inicial (preescolar) era inexistente y actualmente llega al 67%.
Paralelamente a estos avances se observan algunas tendencias positivas en cuanto a la reducción de desigualdades a nivel territorial y por sexo. El área rural y muchos departamentos han logrado reducir las brechas en las coberturas con respecto al área urbana y a los departamentos mejor posicionados en los indicadores de calidad de vida.
No obstante, todavía queda mucho por hacer. La pobreza no solo persiste, sino que se estancó su reducción, problemas como el embarazo adolescente, la mortalidad materna e infantil, niños y niñas que trabajan, jóvenes sin empleo, adultos con trabajos precarios, campesinos sin tierra o produciendo para subsistir nos ubican entre los peores países de la región.
La democracia nos ha permitido dar pasos hacia adelante. La sociedad tiene información y derechos civiles y políticos para exigir y demandar mejores condiciones de vida. Hoy no está permitido matar ni desaparecer a quienes se oponen.
Este contexto político era inconcebible durante una dictadura que se caracterizó por las desapariciones forzadas, exilio o secuestro y violación de niñas, censura al conocimiento y a la prensa. Hoy son delitos penados por la ley. El gobierno tiene la obligación de garantizar derechos y las condiciones para la auditoría ciudadana y la rendición de cuentas.
El fin del gobierno de Stroessner dejó un país sumido en el analfabetismo, con pocas oportunidades de entrar a la escuela, con pobreza, así como altas tasas de mortalidad y baja cobertura de los servicios sociales. La transición a la democracia permitió mejorar la calidad de vida, pero estos avances han sido lentos y tardaron en iniciarse.
Aunque muchos de los derechos constitucionales establecidos en 1992 no se efectivicen, el país y la ciudadanía cuentan con instrumentos políticos y jurídicos que impiden la arbitrariedad extrema que sí tenía un gobierno dictatorial y obligan a implementar políticas.
Debemos defender la democracia, no solo como el derecho al voto, sino fundamentalmente como un sistema de valores que nos permita construir una sociedad en el que tengan vigencia plena los principios republicanos y los derechos humanos. Acelerar las transformaciones necesarias es posible y es tarea del presente, de manera que la mayoría pueda ver los resultados en el futuro.
