El cartista Bachi Núñez fue el primer legislador que se refirió al proyecto. Bajo el argumento de que el documento no tenía dictamen de las comisiones asesoras, pidió la postergación de su tratamiento por 15 días, le siguieron sus colegas Jorge Ávalos Mariño y Eusebio Alvarenga, del PLRA.
Fueron los únicos que hicieron uso de la palabra y sin oposición lograron dilatar el estudio del proyecto por otras dos semanas. Por su parte, el titular de la Comisión de Presupuesto, Miguel Tadeo Rojas, quien se había comprometido a apoyar la medida acordada con los campesinos, se llamó al silencio.
Tampoco sirvió la conversación telefónica entre el presidente del Congreso, Óscar Salomón, y la cabeza de la Cámara Baja, Pedro Alliana, quien había dicho que estaban asegurados los votos cartistas a favor del documento. Hasta la mañana de ayer, los labriegos tenían esperanzas en la decisión de los legisladores, ya que de tener voluntad, el pleno podía convertirse en comisión para dictaminar y aprobar el proyecto por el cual se autoriza la emisión de bonos para obtener recursos y destinarlos a la recuperación de la producción frutihortícola, pero las falsas promesas hicieron de las suyas una vez más.
En la anterior sesión ya se había frustrado el plan de ingresar la propuesta en el orden del día, ya que aún no se contaba con el plan de gastos de los ministerios encargados de ejecutar el dinero, ahora los diputados ponen en duda sus intenciones de cumplir con el acuerdo firmado hace un mes.
Los recursos tienen como destino obras públicas, por un lado, y la inversión en la producción por el otro. En el segundo caso se prevé la construcción de pozos artesianos para el regadío de los cultivos de autoconsumo y de renta, así como la provisión de semillas, insecticidas, mallas de media sombra y otros implementos agrícolas, atendiendo que los campesinos quedaron sin posibilidad de invertir debido a las deudas contraídas que no pudieron pagar a raíz de la pérdida de su producción como consecuencia de sequías.
Otro grupo de agricultores, que todavía podía sostener sus cultivos con rústicos invernaderos, que igualmente son costosos, recientemente perdió sus carpas con las fortísimas ráfagas de viento y ahora muchos de ellos trabajarán a campo abierto, con un mayor riesgo de pérdida de su producción expuesta al clima, un ciclo que no termina sin ayuda estatal.
Estamos hablando de proveedores de alimentos básicos, un sector productivo sacrificado, abandonado y nuevamente ignorado por las autoridades, mientras que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en sus discursos reconoce como productores agrícolas únicamente a los sojeros, a quienes protegerá de nuevos impuestos y de críticas.
Es un sector que se dedica a la agricultura extensiva y si bien también es dependiente del clima, con menos ganancias puede sobrevivir a las sequías y conseguir nuevos préstamos, un beneficio que es negado a pequeños productores que no tienen título de propiedad, por una pendiente reforma agraria, o sus inmuebles ya fueron embargados por las entidades financieras.
Es momento que el mandatario reconozca a la agricultura familiar como proveedora de alimentos de la canasta básica de los hogares del país y encamine no solo recursos, sino la correcta ejecución de los proyectos destinados a este grupo vulnerable.
