“A dos años del nuevo capitán no solamente estamos a la deriva sino que ya está entrando agua al barco y muchos marineros desean que se hunda este deteriorado barco, cansados de tanta inequidad e injusticias”, expresa el Sindicato del Ministerio Público del Paraguay (Simipar), en un comunicado firmado por Carolina Palacios Guimaraes, secretaria general del gremio.
Lea más: Con Rolón, el MP “está a la deriva”, critican y advierten de “motín”
Asimismo, sostiene que se convirtieron en una bolsa de empleo para la ciudad de Escobar (donde nació Emiliano Rolón) y sus alrededores, sin importar si tienen la capacidad, idoneidad o la aptitud para el cargo.
“Solamente basta con haber nacido en una de esas ciudades aledañas. Sin dejar de mencionar que este barco parece un geriátrico de tantas personas nombradas y contratadas de la tercera edad”, cuestiona el sindicato.
Entre tanto, asegura que estos nombramientos y contrataciones, sin importar el perfil o la edad, se traduce en un pésimo servicio a la ciudadanía y en un desperdicio de los cargos, como así, en una carga para la institución, ya que con el pasar del tiempo no sabremos donde ubicarlos.
“El estado republicano en este barco no existe y mucho menos el respeto a las normas. Acá reina la tiranía, el despotismo y el chonguismo”, critica duramente.
Entérese más: Cartismo aplaude al fiscal general y oposición cuestiona
“La cercanía al capitán de algunos adjuntos, fiscales y directores les marea y creen que les otorga súper poderes y amenazan con: ‘mandar a echar’, ‘trasladar al interior’, ‘sumariar’ o cualquier frase que denote su súper poder y algunos más insolentes refieren que ni los sindicatos podremos evitar”, denuncia.
También señala que los traslados y reasignaciones de los funcionarios no se realizan para el mejor funcionamiento de la institución, sino como castigo y para que el mensaje sea claro y contundente se infringe el contrato colectivo de trabajo, desplazando a más de 25, 35 o 50 kilómetros a los funcionarios.
“Se crean sedes y unidades fiscales sin contar con funcionarios, equipos informáticos, muebles y todo lo necesario para que pueda operar una unidad y para salvar esta situación no falta quién decide saquear otras sedes para cumplir con la falta de planificación. La improvisación es la constante”, expone.
Comunicado de otros gremios
Por su parte, ocho gremios nucleados en el Frente Unido, entre ellos el Sindicato de Funcionarios del Ministerio Público, Sindicato de Funcionarios y Trabajadores, la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público, la Asociación de Peritos del Laboratorio Forense, la Coordinadora de Peritos de Medio Ambiente, la Asociación de Psicólogos Forenses del Ministerio Público, la Coordinadora de Relatores Fiscales y la Asociación de Choferes del Ministerio Público, rechazaron el comunicado de Simipar.
“En una postura unánime rechazamos las declaraciones manifestadas por un sindicato que no pertenece a este Frente, cuyas acciones han demostrado en el tiempo que no buscan el interés general, y cuya postura responde única y exclusivamente a posiciones ajenas a nuestra labor y a nuestras necesidades, donde solamente se denigra la labor del funcionariado en general para responder a intereses particulares”, expresaron.
Sin embargo, señalaron que no desconocen que Simipar incorpora a un grupo interno y asociados a quienes respetan, pero que no representa a la amplia mayoría que conforman los diferentes gremios del Ministerio Público.
“Refutamos que existan funcionarios que no trabajan, cuando la verdad es que existe una extrema necesidad de Talento Humano, la realidad latente hoy es que las áreas se pelean por la gente, se requiere funcionarios que trabajen”, defendieron.
En ese contexto, instaron a Simipar a que denuncie si, eventualmente, tiene conocimiento de este tipo de hechos, puesto que en cada sede y oficina coexisten extremas necesidades de contar con personal y los compañeros que se encuentran sobrepasados en la labor diaria.
“Apoyamos el proceso de reorganización que se ha desarrollado actualmente con la administración vigente, si esta redundará en un mejor servicio a la ciudadanía en el acceso a la Justicia como un derecho humano consagrado. Y si esta reorganización es llevada a cabo con justicia y criterio, entendemos que será para bien de la sociedad en general”, respaldaron la gestión del fiscal general.
No obstante, reconocieron que padecen debilidades internas que han sido herencia de administraciones desde el 2013, donde a raíz de los recortes presupuestarios se ha impedido un fortalecimiento institucional.
“Pese a los recortes presupuestarios, a la falta de reajuste de los salarios que están congelados desde hace varios años, y la falta de dignificación de la situación laboral, los compañeros y compañeras de la institución trabajan incansablemente, de mañana, de siesta, de noche y de madrugada, con sol o lluvia, todos los días del año”, recalcaron.
De igual manera, expresaron que en el interior del país, donde se cuenta con menos recursos, a veces deben trasladarse hasta a caballo para llegar al lugar de los hechos o pasar en balsas para acudir a procedimientos u operativos.
“Por tanto, visualizamos la precariedad en el contexto laboral, pero cuya responsabilidad no podemos cargar sobre la actual administración porque es de público conocimiento los recortes sistemáticos que ha padecido la institución desde hace varios años del Ministerio de Economía (Poder Ejecutivo) y desde el Poder Legislativo, castigándonos por cumplir nuestro trabajo, a mayores operativos y condenas, mayores recortes presupuestarios”, expusieron.
Finalmente, aseguraron que los recortes solo han buscado paralizar la institución y paralizar las causas, sin mucho éxito, ya que han logrado importantes condenas y procedimientos.
