La principal reivindicación sindical de este 1 de mayo será, como en años anteriores, la suba del salario mínimo hasta G. 2.941.000 (USD 470,56, al tipo de cambio actual), desde los G. 2.112.562 (USD 338,01) en que está actualmente fijado, según confirmó este martes el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A), Bernardo Rojas.
Rojas explicó que el objetivo de esa medida es “recuperar la pérdida de poder adquisitivo” de entre el 30% y el 35% que, según sus cálculos, ha sufrido la clase trabajadora en Paraguay en los últimos 25 años debido a la aplicación de “políticas neoliberales”.
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El líder sindical criticó además la “falta de políticas públicas de empleo” que reviertan los efectos de la desaceleración económica que vive Paraguay, reflejada en la fuerte rebaja de 8 décimas en el crecimiento del PIB que este lunes previó el Banco Central del Paraguay (BCP) para 2019.
Según el organismo, el país crecerá un 3,2%, frente al 4% de su estimación de diciembre pasado, que justificó por la recesión del sector primario y la “moderación” de la actividad industrial y de servicios.
En la misma línea se pronunció el coordinador general de la Central Sindical Clasista (CSC), Eduardo Ojeda, quien lamentó que el Estado no tenga “programas” para evitar el cierre de fábricas que produce el contexto económico desfavorable.
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Ambos sindicalistas señalaron que uno de los principales problemas laborales del país es la informalidad, que impide a los trabajadores disfrutar de sus derechos y que afecta, según datos oficiales, al 65% de la población activa, aunque desde las organizaciones obreras elevan ese porcentaje al 80%.
Ambas organizaciones rechazan además la ley que regula el empleo parcial y que actualmente se tramita en el Congreso ya que, según ellos, “legaliza la informalidad” y supone un “ataque” al Código del Trabajo y dejará a los empleados “a merced de empleados sin escrúpulos”, según dijo Rojas.
Subrayó además que perjudicará a la negociación colectiva e impondrá “contratos precarios e individuales”.
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Ojeda agregó al respecto que con esa ley “dejará de ser obligatorio el salario mínimo” y que perjudicará las prestaciones que reciban los trabajadores cuando se jubilen, ya que se calcula con el referente de las 8 horas diarias de trabajo, durante 25 años de cotización.
El líder de la CUT-A criticó que la norma fue fruto de un “pacto perverso” entre el Gobierno, los empresarios y las centrales obreras leales al Estado, gracias a “privilegios” y “puestos en el sector público”, según añadió su colega de la CSC.
Esa dirigencia sindical “está cuestionada” por su entrega al poder lo que para Rojas “desvirtúa la lucha sindical” y es una de las causas de la “baja movilización y organización” de los trabajadores en Paraguay.
Otra de las causas, según Ojeda, es la “política contra los trabajadores” que lleva a cabo el Ministerio de Trabajo que, a su juicio, otorga “impunidad” a los empresarios que incumplen las normas laborales e, incluso, “avisa” a los patronos cuando los trabajadores se organizan en una empresa y tratan de crear un sindicato, cuya legalización “frena” el Ministerio.
Al respecto, el líder de la CUT-A aseguró que actualmente esa situación “ha mejorado” y que “hay más organizaciones sindicales reconocidas” que en el anterior Ejecutivo de Horacio Cartes (2013-2018), que “desató una persecución criminal contra los sindicatos”.
