02 dic. 2024

Sindicatos reclaman celeridad en causas frente al Palacio de Justicia

Varios trabajadores se manifestaron en la mañana de este jueves frente al Palacio de Justicia en Asunción, para reclamar celeridad en causas que los afectan.

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Los trabajadores volvieron a manifestarse frente al Palacio de Justicia de Asunción.

Foto: Gentileza

Dos sindicatos de trabajadores se congregaron en la mañana de este jueves frente al Palacio de Justicia en Asunción, para protestar por mayor celeridad en las causas que involucran al sector, asegurando que sus derechos fueron violentados.

Se trata de obreros de Aceros del Paraguay (Acepar), además de trabajadores de la Línea 38, transporte público de la Empresa Mariscal López, y la Línea 32, Ciudad de Guarambaré, quienes exigen reposiciones o indemnizaciones por despidos injustificados.

Gerardo Quiñónez, presidente de la Federación de Transportes, manifestó a Última Hora que decidieron manifestarse debido a que no ven avances en los procesos que perjudican a sus compañeros despedidos, cuyos casos incluso están trabados desde hace más de un año.

El trabajador indicó que se congregaron frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia, desde las 8:00 de esta jornada, pero que ya se están retirando nuevamente debido a que lograron tener una audiencia con una jueza, quien se comprometió a brindarles avances en los procesos judiciales.

Nota relacionada: Tras 15 años de lucha, ex obreros de Acepar se manifiestan por indemnización

En setiembre pasado, un grupo de ex obreros de Acepar se manifestaron también frente al Poder Judicial de Asunción para pedir celeridad en seis juicios laborales que los involucran y por los cuales esperan recibir cerca de USD 50 millones como indemnización por insalubridad.

En aquella oportunidad, aseguraron que son entre 1.200 y 1.300 personas las afectadas, quienes vienen litigando por una resolución en dichos procesos, los cuales actualmente obran en Tribunales de Apelación y en la Corte Suprema de Justicia.

También exigieron indemnizaciones en concepto de salarios caídos, despido injustificado por causa imputable al empleador, y sus respectivas cargas sociales del régimen legal del seguro social obligatorio para obreros y empleadores, cuyo monto asciende a G. 24.000 millones.

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