AFP-EFE
BUENOS AIRES, ARGENTINA
Miles de personas se manifestaron este jueves en Buenos Aires en contra de lo que denuncian como una oleada de despidos en la administración pública, justo cuando deben comenzar las negociaciones de aumento salarial de este año en diversos sectores.
Con banderas, tambores y pancartas, los manifestantes convocados por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA, que agrupa a los empleados estatales) marcharon por poco más de un kilómetro, desde el Obelisco en la avenida 9 de Julio hasta la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, sede de la presidencia.
“Ni un despido más, ni un trabajador menos” y “No al ajuste”, gritaron a su llegada a la plaza.
“Estamos peleando por la reincorporación de los trabajadores despedidos y sobre todo por el derecho a la salud de nuestro pueblo, que es en realidad por lo que vienen: tratando de tercerizar, de privatizar”, dijo a la AFP Mirta, una empleada hospitalaria.
El Gobierno del presidente Mauricio Macri se ha propuesto reducir el tamaño del Estado, tanto por la cantidad de cargos como de organismos, y reducir el déficit fiscal proyectado en 3,5% del producto interno bruto para este año.
El Gobierno sostiene que la mayor parte de los cesanteados han sido personas con contratos a término que no fueron renovados.
Según el privado Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, para 2016 había en Argentina cerca de 3,9 millones de trabajadores del sector público, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, que representaban 18% de los ocupados.
Convocadas por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) Autónoma y organizaciones políticas y sindicales de izquierda, decenas de personas se sumaron a las ollas populares, radios abiertas, caravanas y cortes en calles y en el Puente Pueyrredón (una de las vías de acceso a Buenos Aires más transitadas).
Más reclamos
Los sindicatos también piden que no salga adelante la reforma laboral y que se derogue la polémica reforma de las pensiones, aprobada en diciembre pese al fuerte rechazo social y de la oposición. Asimismo, denuncian el desguace de la sanidad, la devaluación de los salarios de los docentes.