El ex ministro de la Corte, Sindulfo Blanco, planteó una acción de inconstitucionalidad en contra de la resolución del Senado del 14 de noviembre pasado, por la que se le halló culpable y se le destituyó por juicio político.
Solicita que se declare inconstitucional e inaplicable la resolución. Además, hace una reserva de derechos para pedir el resarcimiento económico y para eventualmente acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Con ello, lo que quiere es limpiar su nombre, poder jubilarse como ministro, ya que el próximo 10 de diciembre cumplirá 75 años, edad límite para un ministro del Máximo Tribunal.
La presentación de 91 páginas fue hecha por los abogados Jorge Bogarín, Bettina Legal y Richar Rojas, ante la Sala Constitucional.
Dice que la lesión concreta es la separación del cargo de ministro, en clara violación del debido proceso y la inviolabilidad del derecho a la defensa, tras el juicio por político de responsabilidad por mal desempeño y comisión de delitos.
Apunta que ello lleva “la consecuente estigmatización, agravio personal, profesional y económico que dicha resolución trae aparejada a nuestro representado”.
EL PROCESO. La defensa da los antecedentes del caso, donde la denuncia fue presentada en el 2012, aprobada en diciembre del 2014. En el 2016, fueron convocados para tramitar el juicio político, pero quedó paralizado por la falta de cuórum, por lo que continuó luego de 2 años y 7 meses después, con la prosecución del juicio y su destitución.
Alega que el proceso fue caduco, ya que transcurrieron 6 años desde su inicio.
Argumenta que se violó la defensa en juicio, porque no se sabía de qué debía defenderse. También el debido proceso, ya que no hubo plazo razonable, el principio de legalidad al no haber un reglamento, donde se le privaron de derechos procesales.
Además, indica que en las sesiones no hubo el cuórum legal, que varios de los legisladores que le juzgaron fueron los que denunciaron el caso, por lo que fueron jueces y partes.
Cita cada uno de los cargos, y los van refutando uno por uno. Después, describe todos los derechos violados y presenta sus pruebas. Pide que se corra traslado al Senado, para que conteste.
Blanco requiere que se le dé el trámite, y que se corra vista al fiscal general del Estado. Finalmente, quiere que se declare inconstitucional e inaplicable la resolución que le destituyó como ministro de la Corte Suprema.