Las cooperativas se han convertido en un preciado botín para los políticos sin escrúpulos. La actualmente intervenida por el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) Cooperativa San Cristóbal se convirtió en casi un manual de cómo destruir una institución.
El primer paso fue permitir la toma de la entidad por parte de dirigentes políticos colorados que abrieron las puertas al lavado y a operaciones fuera del control del Banco Central.
En el mes de marzo pasado unos audios revelaron la implicancia del diputado colorado Juan Carlos Ozorio con una estructura criminal de narcotráfico. Él era en aquel entonces presidente de la Coooperativa San Cristóbal.
De acuerdo con la investigación, el ahora ex legislador lideraba un esquema dedicado a producir cocaína y marihuana para comercializarlas al Comando Vermelho. El negocio se había iniciado en 2019, cuando se montó un laboratorio de producción de cocaína y cultivo de marihuana en el Alto Paraná, operaciones que quedaron grabadas en un celular.
El operativo contra el crimen organizado A Ultranza Py, había vinculado al diputado colorado con la Iglesia Avivamiento de Curuguaty, dirigida por el pastor José Insfrán, imputado como supuesto lavador de activos procedentes del narcotráfico. Ozorio también utilizó su influencia como presidente de la Cooperativa San Cristóbal para asociar a sus cómplices, para la apertura de cuentas a fin de facilitar el envío de dinero a sus “empleados”. Irónicamente, Juan Carlos Ozorio llegó a presidir la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno de la Cámara de Diputados.
Según la imputación contra el ex diputado, el mismo lavaba el dinero proveniente del narcotráfico en la Cooperativa San Cristóbal, para meterlo luego al mercado financiero a través de créditos. Y precisamente la intervención de la entidad por parte del Incoop revela la pavorosa información.
El informe de intervención de la Cooperativa San Cristóbal detalla operaciones de crédito que fueron calificadas como irregulares. Una de las más llamativas involucra al diputado colorado cartista Basilio Bachi Núñez.
Según el reporte de los interventores, este obtuvo un préstamo a sola firma de G. 1.020.497.167, el 19 de noviembre del año 2020, a un plazo de 12 meses, a instancia del Consejo de Administración de la entidad. Núñez no cumplía con los requisitos para el efecto. En la misma fecha, Félix Jiménez, ex presidente del Incoop, también accedió a una refinanciación a sola firma de G. 1.719.769.468, con casi las mismas observaciones que el legislador. Dichas operaciones se dieron con diferencias de entre uno o dos días; Núñez y Jiménez obtuvieron entre G. 800 a G. 1.300 millones, junto con algunos de sus familiares lo que en total son casi G. 6.000 millones. Los préstamos no fueron devueltos.
Además, unos 12 socios que forman parte de la investigación del operativo A Ultranza Py, a través de los préstamos con descuentos de cheques, habían accedido a un monto de G. 43.910 millones concedidos por San Cristóbal entre los años 2014 y 2022. La intervención continúa y el Incoop remitirá los informes de la intervención a la Fiscalía y a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), debido a las fuertes sospechas de lavado de dinero en la entidad.
Es muy lamentable que este modelo de asociacionismo, que por décadas ayudó a comunidades enteras a salir adelante, a emprender y trabajar por lograr el bienestar para miles de familias paraguayas y al mismo tiempo aportar a la economía del país, haya sido cooptada por políticos corruptos y el crimen organizado.
