Desde la administración de Amanda León en el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) se detectaron préstamos desembolsados a nombre de campesinos y campesinas sin su consentimiento. Los cheques nominales salían de la institución, se endosaban con firmas falsificadas y se efectivizaban en el Banco Nacional de Fomento, modus operandi que persiste hasta hoy.
Las masivas manifestaciones derivaron en soluciones parche, pues si bien la institución fue liberando a los afectados y afectadas de las deudas fraudulentas, quedó el daño patrimonial. Varios de estos procesos culminaron durante la gestión del actual presidente del CAH, César Cerini, quien nunca precisó a cuánto asciende el monto que debió absorber el Estado ante las denuncias de estafa.
Por si fuera poco, estas prácticas delictivas siguieron durante su gestión, a pesar de las medidas de control y aplicación de tecnología que las autoridades aseguran que se implementaron en los últimos años. Tal es el caso de la oficina de San Pedro del Paraná, donde se desempeñaba como jefe Albino Bareiro, quien al mismo tiempo se encargaba del centro de atención de Fram.
En San Pedro se registraron unas 25 denuncias por estafa y estas van en aumento a medida que van venciendo los créditos y que los requerimientos sorprenden a personas que no tenían conocimiento de estos trámites, muchos ya eran clientes que en promedio pedían préstamos de G. 5 millones y que luego de cancelarlos encontraron que figuraban nuevos desembolsos a su nombre por G. 25 millones, aunque en el caso de Ramón Ocampo están en el sistema tres créditos que suman casi G. 47 millones con los intereses.
De por sí es irregular el otorgamiento consecutivo de préstamos que deriven en un monto tan elevado que el cliente no podría pagar. Para el efecto rige la Carta Orgánica del CAH, que establece un análisis de campo que compruebe la actividad del cliente y posteriormente un estudio técnico, que determine las posibilidades reales que tiene de afrontar el crédito solicitado. Para pedir un segundo desembolso, debe primero abonar al menos el 50% del anterior o el monto debe pertenecer a otro producto financiero que implique una baja deuda.
Los cambios de fiscales en la ciudad tampoco ayudaron a esclarecer los hechos, aunque hace días se confirmaron las primeras imputaciones, queda mucho por investigar para dar con todos los responsables que participaron de la estafa. El principal procesado, Albino Bareiro, quien a la par de sus funciones como jefe hacía campaña para las internas de las elecciones municipales, habla de una “estructura jerárquica institucional” que opera para recaudar dinero estatal para intereses particulares, acusaciones que las autoridades niegan.
Mientras la Fiscalía se encarga de cruzar los datos, verificar las declaraciones y hacer un peritaje de las firmas, el CAH excluye a las y los denunciantes de Informconf, pero el daño patrimonial queda y significa menos recursos para pequeños productores y productoras que por su situación socioeconómica ya son rechazados en las entidades bancarias.
El Crédito Agrícola existe justamente para paliar el problema de acceso a créditos de la agricultura familiar campesina. El año pasado se financiaron mediante este instrumento 45.000 proyectos productivos por un total de G. 453.161 millones.
Sin embargo, estos casos solo muestran vulnerabilidad de los entes financieros estatales y por tanto la desconfianza hacia las instituciones que deben garantizar políticas públicas para poblaciones rurales, mismo sector que hoy se encuentra en la capital reclamando atención integral.
