Uno de los temas que conmocionó al país es la liberación arbitraria de un preso, de nacionalidad argentina, considerado un violador serial que tenía una condena hasta el 2040.
Sobre el recluso, de nombre Luis Héctor Morínigo Cantero, pesaba tres condenas, de las cuales dos ya cumplió y una tenía pendiente, la cual estaba cumpliendo dentro de la Penitenciaria Nacional de Tacumbú hasta que fue liberado ¿Cómo? ¿Por qué? Esas son las grandes preguntas.
La abogada Diana Vargas, especialista en derechos humanos, manifestó a ÚH que este caso es una muestra más que el sistema penitenciario paraguayo se encuentra en permanente crisis y deterioro.
“La respuesta oficial (del caso) es difícil de creer para cualquiera que conoce mínimamente el funcionamiento (del sistema penitenciario). Para que una persona condenada sea liberada, debe ser notificada la penitenciaria del oficio de libertad, aunque se cuente con los archivos de la condena donde consta la fecha de compurgamiento de pena. Los oficios quedan en judiciales, que en Tacumbú —en particular— tiene un doble sistema de registro, que dentro de todo funciona muy bien”, señaló la profesional.
“Es en el área de Judiciales (de la Penitenciaría) donde quedan los registros (de las sentencias de los reclusos) y cuando se requiere emitir un informe del organismo técnico criminológico (donde resultó que estaba la resolución), desde Judiciales se requiere, ya que siempre permanece allí el legajo, no solamente en físico, sino también digital, en dos bases de datos. Entonces, es difícil de creer la versión oficial”, manifestó indignada.
Indicó que, a pesar de ser el penal de mayor circulación, este tipo de hechos jamás habían ocurrido en la Penitenciaría Nacional. Señaló que más allá de los tecnicismos y protocolos internos, asimismo, el sistema penitenciario tiene un esquema vertical de organización.
“Este tipo de cosas difícilmente no lo decida un guardia o un funcionario administrativo o dos u ocho. Todo pasa por el director, por la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios y el propio ministro. Además, esta administración decidió concentrar la toma de decisiones, incluso, de distribución de la población (penitenciaria), en las distintas penitenciarias”, agregó.
Refirió que es buena idea buscar hilos conductores para dar con los responsables y una vez que las preguntas "¿quiénes ocupan esos cargos de directores actualmente?” y "¿qué credenciales o experiencia tienen en materia penal-penitenciaria?”, se dará solución al problema crítico del sistema penitenciario.
Cuando fue consultada sobre si creería que el ciudadano argentino fue liberado por “negociaciones”, señaló que no puede afirmar o negar eso, pero recordó que hay varias informaciones que circulan que son muy diferentes a las dadas por el ministro de Justicia.
Diana Vargas asegura que, pese el escándalo, este tipo de situaciones son olvidadas por la gente, además de contar con poco seguimiento de medios y todos los negocios, supuestamente, siguen “gozando de buena salud”, hasta el próximo evento que no se pueda tapar.
Recordó que cosas graves ocurren todos los días, pero son ocultados, no se investigan y no se sancionan, porque hay una complicidad vertical e incluso, del propio sistema de Justicia que también es habitualmente suave con otros operadores del sistema o de la función pública, sean del rango que sean.
“Además, el caso particular se trata de un extranjero con medidas de seguridad, lo cual lo hace aún más particular y que se lo tenga bien identificado o marcado, porque son muy pocos”, refirió.
Por su parte, la abogada y máster en derecho penal, Ximena López, señala que la liberación del violador serial es un hecho preocupante, pero que hay casos más graves que no se dan a conocer.
“Sin duda este hecho es preocupante. Sin embargo, existen eventos de mayor que gravedad que ocurren a diario y no se conocen. Ciertamente lo acontecido en este caso es un indicador de cómo funcionan las cosas dentro del sistema penitenciario. Son los grupos de presos quienes hacen y deshacen (las cosas) dentro de las cárceles”, señaló.
Asimismo, indicó que el responsable final es el Estado Paraguayo, que es el garante del correcto funcionamiento de las instituciones estatales.
¿Solución o penitencia?
Para Ximena López, el sistema penitenciario paraguayo está atravesado por diversos factores condicionantes que históricamente han persistido y que propician la penetración, el fortalecimiento y el cogobierno de grupos criminales.
Mencionó que algunos de estos factores son el hacinamiento, la falta de acceso a derechos básicos como alimentación y salud, y principalmente la ausencia de esquemas de tratamiento penitenciario que respondan a la función constitucional que tiene el mismo, que es la readaptación de personas condenadas.
“Hoy consideramos un gran problema: el co-gobierno existente entre grupos que operativizan el sistema penitenciario para recaudar dinero. Las cárceles se han convertido en fuentes de recaudación y, por tanto, un negocio que genera miles de dólares al mes, que es manejado por grupos criminales y grupos políticos”, indicó.
Por su parte, Vargas señala que son varias las medidas que deben tomar las autoridades para paliar la paupérrima situación actual. En primer lugar, se debe implementar una fuerte política anticorrupción, con controles cruzados y sistema de control de gestión, que, según la abogada, se venía ejecutándose y derivaron en sumarios e incluso, destituciones muy emblemáticas.
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“Uno de ellos (de los casos) es la vinculada al segundo intento de fuga en PJC, caso que terminó con la destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos y desvinculación de contratados, con denuncia penal incluso, que hasta hoy —como ocurrió en varios casos— no tiene imputados. Son casos de los años 2020 y 2021. Sin embargo, desde el 2022, no se han siquiera iniciado sumarios. Ni hablar de depuración del personal. Solo es una simple rotación y todo el aparato sigue funcionando y bien aceitado”, recordó.
Indicó que si las máximas autoridades no dan señales claras de no tolerancia a la corrupción y los abusos, con medidas de mitigación que reduzcan los riesgos de arbitrariedades y de arreglos para privilegios, surgen estas y otras muchas situaciones.
“Una de ellas es la preparación de las habitaciones (muy distintas a los pabellones) que están arriba de la Dirección y que —como vimos— estaban esmerándose en “hermosear”. Eso no es casual ni un arranque para fotos en Pinterest. En definitiva, con una autoridad viajando cada semana al exterior y el resto del tiempo en Oviedo, donde casualmente pasó a enviarse a los privados de libertad “más importantes”, no hay mucho más que decir”, finalizó.
Falencias penitenciarias
En el año 2019, un sangriento motín se desató en la cárcel de San Pedro del Ycuamandyyú, que dejó diez muertos y varios heridos. El enfrentamiento entre dos grupos criminales habría tenido como causa la disputa por el liderazgo dentro de la cárcel.
De los fallecidos, cinco murieron decapitados, tres fallecieron incinerados y dos más fallecidós en el Hospital Regional, tras haber recibido heridas de arma de fuego. El Tribunal de Sentencia —presidido por el juez Guido César Marecos e integrado por Agapito Núñez González y Karina Von Tumpling de Sosa— sentenció a 40, 35 y 25 años de pena privativa de libertad para los reos acusados como responsables de la masacre ocurrida el 16 de junio de 2019, dentro de la Penitenciaría Regional de San Pedro.
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Los 24 reclusos que estaban acusados en el caso fueron imputados por homicidio doloso agravado y motín de internos y ahora fueron hallados culpables por la matanza. No obstante, teniendo en cuenta el grado de culpabilidad, se fueron deliberando condenas distintas.
Este terrible caso destapó la falta de preparación y el poco equipo técnico y humano con el que cuentan las grandes penitenciarias del país, provocando que los guardias sean los presos y los privados de libertad sean los dueños de casa. Este tipo de hechos, pero en menor grado, se ven a menudo en las cárceles del país y se seguirán dando hasta que no se tomen cartas en el asunto y se resuelva el problema de raíz.
Otro caso bastante sonado fue el ocurrido el 16 de febrero del 2021 en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú donde perdieron la vida siete presos, resultado de una guerra entre miembros del Clan Rotela (CR) y del Primer Comando Capital (PCC).
La masacre se dio debido al traslado, a primera hora del día, del recluso Orlando Efrén Benítez. Esto desató un infierno en la súper poblada Penitenciaria de Tacumbú.
La revuelta inició en horas de la mañana, con la quema de colchones. Esto generó un enfrentamiento con agentes de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE), quienes dieron apoyo para controlar la situación. Los reclusos atacaban a los uniformados con cascotes y mostraban armas blancas, según videos que se hicieron virales. El enfrentamiento ocasionó múltiples destrozos en los pabellones y varios portones fueron tirados y puestos como barricadas por los reos.
Después, unas horas de falsa calma transcurrieron en el recinto del penal, hasta cerca de las 16:30, cuando el amotinamiento tomó fuerza, con mayor brutalidad, e inclusive, los internos tomaron de rehenes a 19 guardiacárceles.
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Los agentes de la FOPE ingresaron al penal y nuevamente se registraron fuertes enfrentamientos. También se produjeron varios focos de incendios que ponía en peligro a internos, policías y funcionarios, por lo que bomberos voluntarios, temerosos, ingresaron para sofocar las llamas. Mientras, familiares de guardias y reclusos se apostaban en las afueras del penal reclamando información de sus familiares.
La superpoblación de las penitenciarías también es una falencia del sistema penitenciario, el cual pide a gritos que alguien lo salve del hundimiento en lo más remoto de la desidia.
El último caso, que volvió a sacudir a la opinión pública, es la liberación de un violador serial de la cárcel de Tacumbú. La jueza penal de Central Silvana Luraghi manejaba el caso del ciudadano argentino Luis Héctor Morínigo Cantero, quien debía cumplir una pena total de 30 años de cárcel en Tacumbú.
La magistrada señaló que desconoce cómo se dio la liberación del hombre, que ya estaba 13 años en reclusión y le faltaban 17 años más. Explicó que es un reo que posee tres condenas por hechos punibles contra la autonomía sexual de la persona, de las cuales ya cumplió dos y le queda una pendiente.
El recluso fue acusado por una serie de violaciones a mujeres en la ciudad de Itá, del Departamento Central, y su captura se produjo en 2010. De acuerdo con la jueza, el Ministerio de Justicia también ya abrió un sumario administrativo contra los funcionarios penitenciarios que habrían estado involucrados en la extraña liberación del ciudadano argentino.
El 24 de marzo pasado fue la última vez que el recluso se presentó ante Luraghi para una audiencia por un tema de redención, que se volvía a llevar adelante porque la primera vez fue rechazada. La liberación se habría dado después, entre marzo y abril, según la magistrada.
Por su parte, el ministro de Justicia, Daniel Benítez, informó —en conversación con Última Hora— que una vez que el recluso abandonó Tacumbú, pasó al Departamento de Judiciales de la Policía Nacional y, posteriormente, fue expulsado del país, al tratarse de un ciudadano de nacionalidad argentina.
En tanto, desde la Dirección Nacional de Migraciones señalaron que el sujeto en cuestión fue expulsado el pasado 14 de abril. Esto se dio en acatamiento al oficio judicial N° 511, de fecha 11 de abril de 2023, emanado del Juzgado de Ejecución Penal, del cuarto turno.
Lejos de ser un lugar donde los reos se puedan regenerar, la falta de orden, humanidad y reglas generan un sin fin de actos bandalicos, donde los propios guardiacarceles —no en su totalidad— son protagonistas. La nula presencia de las autoridades convierte a las penitenciarias en un obstáculo para alcanzar los fines de rehabilitación y reinserción que la pena privativa de libertad debe cumplir.
El Manual sobre Estrategias para Reducir el Hacinamiento en las Prisiones, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), ofrece un cuadro completo de instrumentos prácticos para el desarrollo de estrategias, políticas y programas que podrían ser de inspiración para las autoridades nacionales en Paraguay, mencionó en su momento Antonino De Leo y Jan Jarab, pero hasta la fecha, pareciera ser que fue un consejo que el viento se llevó.
