Detrás de la idea de que el sector privado es más eficiente y de que hay que incorporar tecnócratas al sector público se construyen las justificaciones para incluir a trabajadores del ámbito empresarial en el servicio civil. Sin embargo, el riesgo de que los daños sean mayores que los beneficios es alto, y se ha verificado no solo en Paraguay, sino también en otros países. La mayoría de los Estados desarrollados cuentan con una ley que establece normas y castiga su incumplimiento. Por un lado, es necesario reglamentar el conflicto de intereses que pueden tener ex funcionarios con acceso a información privilegiada y por las funciones que desempeñaron.
Por otro lado, hay que considerar el tiempo que debe esperar un funcionario desde que renuncia a su cargo para rehacer su vida en el sector privado.
Este fenómeno es una forma de corrupción, ya que conduce a una captura del aparato estatal hacia intereses particulares que no solo afecta a la gestión pública y el bien común, sino también al funcionamiento del mercado porque pueden generar competencia desleal entre empresas.
Los funcionarios que entran pueden terminar regulando, fiscalizando o actuando a favor de sectores o empresas, mientras que los que salen se llevan consigo un cúmulo de información que pueden explotar —económica y profesionalmente— en su favor, bien sea para conseguir cargos importantes en el sector privado o utilizar en beneficio de determinados sectores económicos.
Casi a diario la prensa informa acerca de adquisiciones sobrefacturadas, incumplimientos de contratos por parte de las empresas proveedoras del sector público, baja calidad de las obras, bienes y servicios contratados, escasa fiscalización de ellos. Sin embargo, esos hechos son solo las consecuencias o los hechos más visibles. Detrás de estos problemas están la corrupción pública y privada, el tráfico de influencias, la puerta giratoria, la colusión y la ausencia de una carrera del servicio civil. Algunos de estos problemas son delitos que generalmente quedan sin penalizar; por lo tanto, como causa primera se encuentra la impunidad.
Si a esto le agregamos vacíos regulatorios para penalizar actos que contribuyen a estos problemas, en lugar de tratar de mejorar se generan obstáculos para el crecimiento económico a corto plazo y para el desarrollo a mediano y largo plazo. El fenómeno de la “puerta giratoria” se encuentra entre los vacíos.
El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo deben coordinar con urgencia la elaboración de un proyecto de ley basado en la experiencia de otros países y aprobar la normativa que prevenga conductas inadecuadas y castigue a quienes no la cumplan.
El Poder Judicial tiene un fuerte compromiso. La seguridad jurídica es un pilar central del desarrollo y del buen funcionamiento de las instituciones públicas y privadas. Paraguay debe salir de las zonas grises en las que está y ascender en los índices que miden el bienestar y para eso se requieren fortaleza institucional y una lucha frontal contra la corrupción.
