–¿Cómo cree que afecta la imagen del país el intento por parte del Gobierno de poner fin a la cooperación entre la DEA y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad)?
–Es un tremendo error que, supuestamente, parte de una desprolijidad que termina convirtiéndose en una gran irresponsabilidad. Y eso, lógicamente, al ser una decisión de gobierno, afecta al Estado paraguayo.
Nos posiciona como un país muy poco serio ante la comunidad internacional. En el caso específico, ante un gobierno amigo, a través de una agencia, pero en el ámbito internacional también, porque esto tiene repercusión a nivel internacional.
Entonces, como bien sabemos, toda firma, a toda suscripción de un instrumento internacional se le aplica el principio del pacta sunt servanda (los pactos deben honrarse). O sea, que tiene que ser cumplido de buena fe, en todos sus términos. Y es lo que no se está haciendo en este caso.
Y dije desprolijidad porque alegan un desconocimiento de un instrumento que estaba vigente. Específicamente de un memorándum de entendimiento de marzo de 2022. Pero el desconocimiento de la ley no amerita, no justifica su incumplimiento. Y, más grave aún, no puede la cabeza de una institución que maneja temas tan sensibles y tan importantes como el combate al crimen transnacional organizado, desconocer que esté vigente. No tiene sentido.
Esto afecta negativamente al Paraguay. Es algo sobre lo que se tiene que trabajar para tratar de presentar nuevamente una imagen seria. Yo no sé cómo se va a hacer porque el impacto es fuerte, es duro.
–El ministro de la Senad, Jalil Rachid, dijo que el presidente de la República estaba al tanto de la decisión de dar un corte a la cooperación recibida de la DEA. Además, que la Senad es dependiente de la Presidencia…
–Y realmente yo no sé si se le informó al presidente y hasta qué punto se le explicó sobre las implicancias que tendría una decisión de esta magnitud, porque lógicamente hay decisiones que sí se toman con conocimiento del jefe de Estado y que no arrastran consecuencias serias o graves. Pero de la que estamos hablando, sí. Pero no manejo la información de hasta qué punto se le informó sobre las consecuencias que esto acarrearía.
–¿Es exagerado considerar un escándalo este hecho?
–Bueno, hay muchos adjetivos que se le han venido dando a esto. Que yo recuerdo, es la primera vez que sucede una situación de esta magnitud, tan delicada y compleja por el tema que involucra, que es el combate al crimen organizado transnacional.
En el combate al crimen organizado transnacional demanda un trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad de distintos países. Es la única manera. Varios años atrás, nosotros nos dimos cuenta de eso cuando resultaba imposible confrontar solos, unilateralmente, a las distintas organizaciones de crimen organizado. Es imposible, porque cruzaban la frontera, y no teníamos los medios.
Y ahí es que se empezó a trabajar, no solo con la DEA, sino con organismos de seguridad de otros países, de otras regiones como la Europol y, acá en la región, con Brasil, Argentina, Bolivia. Por ende, es demasiado sensible el tema y la única forma de afrontarlo es de manera coordinada e intercambiando información y recursos.
–¿Es factible que solo el Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional pueda llevar adelante la política de combate al crimen organizado transnacional y concretamente al narcotráfico, como se planteó en la primera justificación del corte de la cooperación con la DEA?
–Por Constitución, el órgano del Poder Ejecutivo encargado de la seguridad nacional es el Ministerio del Interior con la Policía Nacional. Pero el concepto de seguridad es muy amplio. La Policía tiene que lidiar con narcotráfico, con motochorros, hasta con polución sonora y entre ellos también, como otro elemento más, con el narcotráfico. Mientras que la Senad tiene como única y específica misión el combate al narcotráfico.
Por tanto, es muy difícil, que el Departamento Antinarcótico de la Policía pueda confrontar esto, sin la colaboración de otras instituciones en nuestro país y sin la cooperación internacional.
Es muy específica la preparación que reciben a través de la cooperación internacional. Y esto solamente lo tienen los agentes de la Senad, porque por naturaleza y por misión, eso es lo que tienen que hacer.
–¿Qué error cometió el Gobierno con respecto al Memorándum de Entendimiento firmado en el 2022 para ampliar la cooperación de la DEA e incorporar a otras instituciones del Estado?
–La presencia de la DEA se da en el ámbito de la cooperación internacional desde el año 2010 y específicamente con la Senad. Ese mismo año se amplió al trabajo con la Policía Nacional, aunque centrándola siempre en la Senad a través del SIU, que es la Unidad de Investigación Sensible. Y a través de ellos es que proporcionan los elementos, los equipos y la preparación y entrenamiento para llevar adelante su cometido.
Luego, la cooperación se renovó en el 2016, y en el 2022 se amplió aún más incluyendo al Ministerio Público.
Entonces era Senad a la cabeza, Policía Nacional y Ministerio Público. Están establecidos ahí en el marco de acción, qué es lo que se puede hacer, cómo se debe hacer. Y también los términos para poner fin al Memorándum de Entendimiento.
Al ser un Memorándum de Entendimiento es un poco más sencillo el procedimiento para concluir la cooperación. Implica un preaviso y son 90 días, pero todos los involucrados tienen que estar al tanto. Y por la información que manejo, que es pública, de la finalización de la colaboración de la DEA por parte de la Senad, no estaban al tanto el Ministro del Interior, ni el comandante de la Policía Nacional ni el fiscal general del Estado. Ante la situación generada, luego, en cierto modo, hacen que el secretario permanente del Codena, del Consejo de Defensa Nacional, salga a poner la cara.
–¿Y qué tenía que ver el Codena en todo esto?
–Ahí se analizan las decisiones a tomarse. Del Codena forman parte del presidente de la República, los ministros de Defensa, del Interior, de Relaciones Exteriores, el comandante de las Fuerzas Militares, el Jefe de Estado Mayor Conjunto, el Secretario de Inteligencia y alguna otra autoridad que pueda tener cierta responsabilidad o participación para un caso específico que se está analizando. Pero esa es la conformación del Consejo. Y es a nivel netamente estratégico.
Entonces, se analizan los casos, se evalúan las situaciones y luego se toma una determinación, se comunica al presidente y él es el que decide finalmente si se realiza o no.
–Pero en este caso, el Codena aparece después del impasse o la situación generada entre DEA y la Senda
–Así es. Justamente es lo que escuché decir al contralmirante Cibar Benítez, que es el secretario permanente del Codena en este momento. Dijo que esto no se evaluó al interior del Consejo, y que se enteraron posteriormente.
–¿Cómo queda el argumento de parlamentarios oficialistas que justificaron el tema alegando que tenía que ver con la soberanía?
–Reitero, la única manera de tratar de tener efectividad en el combate al crimen organizado transnacional es a través de la cooperación y el trabajo coordinado.
El intercambio de inteligencia, la posibilidad de recibir entrenamiento, equipamiento, etc. Entonces, el crimen organizado transnacional, como su nombre lo dice, no respeta fronteras, no respeta límites, no respeta soberanías. Y la única forma de combatirlo es coordinando esa acción con fuerzas operativas, con fuerzas de seguridad de otros países.
Pero hay un punto, en la contestación de la DEA a la nota de la Senad del 6 de diciembre, ellos ya dan por sentado que se terminó la cooperación específicamente con la Senad.
Entonces, habría que ver qué pasa en estos días. Seguramente están dialogando, pero por escrito la DEA ya dijo que el 22 de marzo del 2025 se retira.
–¿Cree que finalmente se va a retener a la DEA para que siga colaborando, pero con otras instituciones?
–Yo creo que la DEA considera a nuestro país también, que tenemos que asumir que es un país de tránsito en cuanto a la cocaína, no de producción; de marihuana sí, como parte de una región en la que es muy importante tener presencia. Por ello es que están desde el 2010. Entonces habría que ver si hay un replanteamiento por parte de ellos.
Pero lo que tenemos hasta ahora, al menos por escrito, es que el 22 de marzo termina la cooperación con la Senad específicamente. Yo creo que sería importante que continúe. Muy importante.
–¿Puede resolverse todo esto, como han adelantado algunos referentes del cartismo, una vez que asuma el presidente Donald Trump, el mes próximo?
–En realidad, en política internacional, no hay amistad sino intereses permanentes. Y para Estados Unidos, como para cualquier país, su seguridad nacional es lo más importante que hay dentro de sus intereses, junto con la economía.
Entonces en esos puntos tiene una línea intransigente. Con el tema de seguridad nacional, no cambian. Para ellos el narcotráfico constituye una amenaza seria a su seguridad nacional, como el terrorismo. Entonces yo veo que hay muy pocas posibilidades de que haya un cambio en ese sentido, en su lucha frontal contra el crimen organizado transnacional.
–¿Por tanto, la DEA permanecería en el Paraguay?
–Yo creo que sí, pero va a ser una decisión de ellos.
–¿Y qué lectura general tiene sobre que en este asunto se cuente como antecedente que países como Venezuela y Bolivia hayan cortado con la DEA?
–Y nos deja en una posición muy negativa. Evo Morales lo hizo en el peor momento de enfrentamiento con Estados Unidos y cuando los niveles de narcotráfico eran muy elevados en su país; y el presidente Hugo Chávez, igual. Entonces estamos a ese nivel, como Bolivia y Venezuela, en cuanto al combate al narcotráfico y la voluntad o no de combatirlo.
–En el caso de Paraguay las especulaciones hablan de que es una reacción ante la declaración de significativamente corrupto a Horacio Cárdenas; o que la decisión está vinculada con el caso del diputado Eulalio Gómez, ¿qué es lo que puede explicarse?
–Realmente desconozco. Hay muchas especulaciones. Lo único concreto es que se tomó esa decisión sin consulta previa con los organismos de seguridad, sobre todo al interior del Codena, y eso es grave. Entonces no me atrevería a especular sobre el motivo que impulsó eso, pero sí le digo que está tremendamente equivocado.
–¿Es razonable lo que dicen los cartistas de que con Trump en el Gobierno de Estados Unidos, existen amplias posibilidades de que se levanten las sanciones contra el ex presidente Cartes y otros?
–Yo insisto en que en el tema de la seguridad nacional de Estados Unidos y la defensa de sus intereses, es muy difícil que ellos cambien de posición.
De lo que yo conozco de ese país, estudié y estuve en nuestra Embajada allá y realmente no he visto que hayan cambiado de posición en ese ámbito específico que afecta a su seguridad nacional, al producirse un cambio de presidente, de gobierno.
–Algunos sectores dicen que Jalil Rachid debe irse de la Senado para que se encamine una solución, ¿a usted que le parece?
–Es una decisión política y se trata de un cargo fusible. En su lugar, yo daría un paso al costado. Si no, es una decisión que tendrá que tomar el presidente de la República.
