Culmina el mes de octubre con una bomba aún no desactivada en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.
Ahora, respecto a los graves incidentes ocurridos hace dos semanas, el ministro de Justicia, Ángel Barchini en una entrevista con Monumental, hizo responsables a los medios de comunicación, de haber provocado el show mediático acerca de –según él– supuestas declaraciones sobre que el clan Rotela mató y desmembró a un policía, lo que a su vez desembocó en el motín de la Penitenciaría el 10 de octubre. Barchini había informado durante la reunión del Consejo de ministros, al presidente, que el suboficial Oliver Lezcano habría sido secuestrado y asesinado por el clan Rotela en el interior del penal. Negarlo ahora no cambiará los acontecimientos que se fueron precipitando desde entonces.
El ministro aclara asimismo que la reapertura de Tacumbú para recibir nuevos presos no responde a un pedido del clan Rotela, “ni porque algún mafioso de turno me vino a exigir, chantajear o a sobornar para que reabra o cierre una cárcel”, afirmó.
Barchini solamente ve un árbol y no percibe siquiera el bosque detrás de este.
La Penitenciaría Nacional de Tacumbú es un símbolo de todo lo que está mal en el Paraguay. En este lugar, donde a diario se violan derechos humanos básicos se concentra, asimismo, la terrible realidad que vive gran parte de la población del país, y se reproduce también la misma desigualdad. Tacumbú, así como las demás cárceles están colapsadas, y es sabido que albergan internos muy por encima de sus capacidades. Esto se evidencia si se toma en cuenta las condiciones infrahumanas en la que deben sobrevivir los presos: Sin alimentación adecuada ni acceso a mínima atención de su salud ni una infraestructura adecuada.
Datos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) del 2022 sobre Personas Privadas de Libertad señalan que la población penitenciaria asciende 16.536 personas, de las cuales el 68% se encuentra con prisión preventiva y solo el 32% tenía una condena. Si se consideran los parámetros de Derechos Humanos en cuanto al hacinamiento, se debe puntualizar que el sistema está preparado para albergar solo a 4.310 presos, por lo cual a nuestro sistema le sobra una población de 12.428. Esta la población carcelaria que, si carece de recursos, duerme en el suelo, sin siquiera un maltratado colchón, apenas recibe alimentos, es objeto de malos tratos y termina en las garras de las organizaciones criminales que manejan nuestros centros penitenciarios.
Paralelamente, hay presos que gozan de privilegios, como los narcotraficantes que viven en sectores denominados vips, celebran cumpleaños con bebidas alcohólicas y música en vivo, como sucedió en Tacumbú cuando el interno Milciades Pedro Gómez, vinculado a la tragedia del Festival Ja’umina, celebró su cumpleaños con una serenata de la cantante Mily Brítez, o la pequeña bodega hallada en Ciudad del Este, donde se encuentran detenidos miembros del PCC.
Que el Estado paraguayo no tenga el control de las penitenciarías es parte de este lucrativo negocio. Gracias a la desidia, en Tacumbú se mueve una enorme cantidad de dinero, con las salas vips, con la venta de drogas, dentro y fuera de la cárcel, se hace un cálculo superficial de 250 millones de guaraníes semanales. Ese dinero no es solamente para el clan Rotela.
Este grave problema no se va a resolver con improvisaciones ni con discursos o parches. Necesitamos autoridades comprometidas, funcionarios responsables y honestos y que las propuestas y planes estén basados en los datos, para una mejor toma de decisiones.
