La tragedia del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, perteneciente a la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado, hace exactamente una semana, debió haber representado para la titular del Ministerio Público una suerte de epifanía, una revelación.
Sandra Quiñónez prefirió, sin embargo, desperdiciar la oportunidad para sentar una postura clara, contundente, para rechazar con decisión el flagelo del narcotráfico y la corrupción.
La ausencia de un mensaje acorde con el grave momento que vive la República, tras el desgraciado suceso, resulta decepcionante y solamente acrecienta las dudas respecto a su gestión. Particularmente, si se tiene en cuenta que hace apenas dos meses la Cámara de Diputados archivaba el pedido de juicio político contra la fiscala, en una fugaz sesión extraordinaria, en la que ni siquiera se debatió alguno de los 13 puntos del libelo acusatorio.
Para completar ese panorama de oportunidades desperdiciadas se debe mencionar la movilización que marchó bajo el lema “Por la valentía y el coraje”. Si fiscales, funcionarios del Ministerio Público e integrantes de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay salen a las calles para exigir justicia, y que la muerte del fiscal asesinado no quede impune, ¿qué le queda entonces a los ciudadanos de a pie? Cuando la población reclama a diario la mala gestión de jueces y fiscales, cuando desde medios de comunicación y desde las redes sociales llueven críticas y cuestionamientos a la gestión de jueces y fiscales, la marcha de jueces y fiscales se ve, bajo ese lente, muy contradictoria; considerando que son ellos mismos quienes deben impartir justicia y hacer frente a la impunidad, particularmente en las turbias corrientes del crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción.
Ante el vacío de mensajes de los funcionarios públicos encargados de buscar justicia, el mensaje que la sociedad necesitaba escuchar tuvo que venir de un padre quebrado.
Francisco Pecci, padre del fiscal asesinado Marcelo Pecci, dijo: “El mundo del narcotráfico tiene poder económico y corrompe y corroe”, y agregó: “Marcelo pasa a ser un mártir. La mafia es difícil de ser vencida. Aquí se es correcto o corrupto”, sentenció.
Sandra Quiñónez fue acusada, asimismo, de “usar” el crimen del fiscal. Una de las críticas más contundentes provino de la senadora Desirée Masi, quien la calificó de “mentirosa” por manipular información respecto al presupuesto de la institución. Afirmó que siempre se le aprobó todo lo solicitado por el Ejecutivo, y que, en contrapartida, la Fiscalía tuvo nula ejecución en seguridad.
Masi expuso documentos de presupuestos aprobados para la Fiscalía desde el 2018, y refirió que en el momento que solicitaba un adicional para la creación de 393 cargos, tenía ociosa más de la mitad de su presupuesto en rubros sensibles. “No estaba reclamando otra cosa que aumento salarial, que no es para los fiscales”, acusó. También especificó que el rubro para seguridad era de G. 500.000 millones y cero su ejecución. “Esto es lo que da para llorar, no lágrimas de cocodrilo”, consideró la senadora progresista.
La sociedad paraguaya, conmocionada, necesitaba recibir de parte de sus autoridades, particularmente de la fiscala general, el mensaje de declaración de guerra a la corrupción, al crimen organizado y al narcotráfico. No fue eso lo que recibió.
La Fiscalía General del Estado, que según la ley representa a la sociedad para velar por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales, en medio de un mar de lágrimas y pobres excusas le ha fallado a la ciudadanía.