Una perversión que, a estas alturas, está ya institucionalizada. Los nombramientos y contrataciones de esposas, hijos/as, amistades, secretarios/as en distintas dependencias estatales configuran una dolorosa realidad del Estado paraguayo y de nosotros, como sociedad, al permitir se instale de manera impune todo un esquema que privilegia a quienes no lo merecen y castiga y excluye a cientos y miles de ciudadanos/as que teniendo la preparación no acceden a las mismas oportunidades.
Por cierto, estas formas corruptas de gobernar tienen su anclaje en la historia anterior a 1989.
Milda Rivarola sostiene que “con Morínigo y, sobre todo, con Natalicio González se le echa a todos los funcionarios y se declara vacío todos los cargos públicos donde todavía no había colorados. Con una simple disposición, el aparato estatal se llena de colorados”. Durante dichos períodos, todavía anteriores a Stroessner, se establece, que todo funcionario público y militares tienen como obligación afiliarse a la Asociación Nacional Republicana (ANR).
Por su parte, Herib Caballero refiere que “La corrupción existió desde tiempo de los españoles, pero con Alfredo Stroessner se institucionaliza en Paraguay” utilizando este esquema de lealtades para sostener su largo proceso autocrático.
Posterior al 89, en democracia, la corrupción también se “democratizó”. La descentralización incorporada en la constitución desconcentró las malas prácticas hacia todo el país. Las elecciones libres, competitivas y justas pluralizaron mínimamente el acceso al poder, ya no gobernaban solo los colorados, la corrupción también se vistió de oposición en gobernaciones e intendencias locales, principalmente.
Conforme se identificó la descentralización de la corrupción y sus efectos, hacia inicios del nuevo siglo, se trabajó en el fortalecimiento del marco normativo, la creación de órganos de control y la activa participación ciudadana en la exigencia de la rendición de cuentas. Resultado de ello, en el año 1999 se crea el Consejo Impulsor del Sistema Nacional de Integridad (Cisni), en el año 2000 se promulga la ley N° 1626 de la Función Pública, Transparencia Paraguay activa mecanismos de monitoreo y seguimiento a la corrupción en el país, y gran parte de la cooperación internacional se orienta hacia el fortalecimiento de la integridad pública, el combate a la corrupción y la promoción de la transparencia.
En la segunda década del 2000, otras leyes vinieron a reforzar la transparencia y el combate a la corrupción, como las leyes N° 5282/14 de acceso a la información pública y la 5189/14 de transparencia de salarios, y una ley específica, la N° 5295/14 “Que prohíbe el nepotismo en la función pública”, que modifica leyes anteriores sobre el mismo tema del año 2005 y 2012
Como se puede notar, la ausencia de leyes, nunca fue precisamente un problema para detener el nepotismo. Desde fines de los años 90, se contó con leyes orientadoras, órganos específicos de control, convenios internacionales suscriptos, acompañamiento de la sociedad civil organizada y apoyo de la cooperación internacional con ingentes recursos ¿Qué faltaba entonces y que sigue faltando hoy? Voluntad política firme para hacer cumplir la ley, aunque eso tengo un costo electoral alto para el partido de gobierno. Ni los gobiernos de González Macchi, ni el gobierno de Duarte Frutos, tampoco el breve tramo de gobierno opositor, y mucho menos, los gobiernos siguientes, hicieron esfuerzos suficientes para cambiar esta lógica perversa del nepotismo en la función pública.
Los procesos interrumpidos de reforma del estado, de profesionalización del servicio civil, de impulso de la transparencia y del combate a la corrupción, a lo largo de la transición política paraguaya, nunca han sido productos de un escaso o débil contexto normativo, sino –y sobre todo– por la ausencia de una firme voluntad política para llevarlos adelante.
No mienta presidente Peña, deje de dar vueltas y haga lo que tiene que hacer para detener este proceso escandaloso de privatización del Estado – que es de todos– en beneficio de una minoría llena de privilegios, en un país empobrecido por la corrupción y la desidia de sus autoridades.
