Los fiscales de la unidad especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción enviaron ayer a dos asistentes a presentar el requerimiento fiscal, ante el juzgado penal de garantías de María de Fátima Burró, aunque nuevamente el expediente se encuentra en la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones. Se trata de una causa iniciada sobre la base del resultado de una auditoría a la gestión de Mcleod cuando era intendenta de Ciudad del Este.
La comuna firmó contrato con la firma MD Distribuidora y Eventos, por valor de G. 6.627.920.985, y supuestamente no se habían entregado las mercaderías contratadas, pero los funcionarios informaban que si estaba todo en orden. La misma Mcleod realizó gastos en acción social que no fueron debidamente documentadas, según la imputación fiscal.
Los fiscales Natalia Fuster, Diego Arzamendia y Francisco Cabrera, argumentaron que existían aún 26 diligencias pendientes, en su mayoría reiteraciones de pedidos de informes y copias autenticadas de documentos de la Junta Municipal y la Municipalidad de Ciudad del Este, a quienes deben reiterar las solicitudes, según el escrito presentado ayer ante el juzgado.
También se halla pendiente la asistencia jurídica internacional de la República Federativa del Brasil para obtener el testimonio de un ciudadano brasileño, además de la pericia caligráfica de la firma y la letra. Hasta el momento el Ministerio Público no logró acceder a los antecedentes de Sandra Mcleod, según el escrito presentado ayer ante el juzgado penal de garantías.
Mcleod de Zacarías había sido imputada junto a Christian David Espínola, Nilsa Paiva, Vicente Rodríguez, Genaro García y Marcos Aurelio González, propietario de la firma MG Distribuidora y Eventos, el 11 de marzo del 2019, por un equipo de fiscales, actualmente apartados del caso por recusación de la defensa de la familia Zacarías Irún.
