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La economista e investigadora uruguaya Soledad Salvador comparte con ÚH la experiencia sobre las políticas de cuidado implementadas en su país, con guarderías, centros de día y flexibilización de la jornada, así como más extensas licencias por maternidad. El objetivo es mejorar la calidad de vida.
Por mandatos culturales, las mujeres son quienes en su mayoría desarrollan el trabajo de cuidados a niños, personas mayores o con enfermedades crónicas, por eso las políticas de cuidado buscan visibilizar este trabajo y, al mismo tiempo, brindar oportunidades a que ellas puedan seguir estudiando y trabajando.
De reciente implementación, Uruguay es el único país de Latinoamérica que ya cuenta con leyes y con políticas en acción. Entre otros, tienen licencias parentales, subsidio por maternidad, se instaura el subsidio por paternidad y regula la reducción de la jornada laboral para el cuidado de niños y niñas; los denominados centros de día brindan cuidados integrales a las personas mayores que viven en sus hogares, pero tienen ciertas dificultades para la realización de algunas actividades, que se encuentran en situación de dependencia leve o moderada.
Y también están los asistentes personales para quienes están en situación de dependencia severa, es decir, que necesitan ayuda para las necesidades básicas de la vida diaria. Todos estos son servicios proveídos por el Estado. De esto habla la economista Soledad Salvador.
–¿Qué es la economía de cuidado?
Es ese espacio que la economía no mira, no mide, que pasa invisible, pero que se da por sentado que existe, porque si no existieran los hogares que proveen todos los días alimentación y cuidado, no funcionaría el sistema económico. Todo lo que hace que los entornos estén y lo que hace que las personas estén preparadas para trabajar, para estudiar, para tener un ambiente agradable. Y también para las personas adultas mayores que ya cumplieron lo que es su función social, en términos de aporte económico, pero que tienen derecho a vivir dignamente, con todos los cuidados.
–¿Cuál es el objetivo?
Se apunta a que el Estado, para reducir desigualdades, tiene que dar servicios, si no, no se van a reducir, y eso a su vez va a ayudar con el sistema económico, porque si esas mujeres se insertan mejor al sistema laboral van a poder rendir más y eso favorecerá un desarrollo.
–¿Cómo implementaron?
En 2010 se arrancó con un grupo de trabajo, se fue armando lo que fue la propuesta de sistema de cuidados, se empezaron a ensayar algunos servicios que los llamaron pilotos. A partir del 2015, con el tercer gobierno de izquierda en el Uruguay, se presentó el primer proyecto de ley de sistema de cuidados. Lo que se ha hecho hasta ahora es desplegar estos servicios de cuidado en domicilio, que le llaman asistentes personales, orientados a personas que tienen dependencias severas; adultos mayores o personas con discapacidad. Después, desarrollar y profundizar los servicios de cuidado infantil en la franja de 0 a 3, porque tenía menos servicios. Se priorizó la primera infancia de 0 a 3, porque el BID y el Banco Mundial, que ponen recursos, están preocupados por esa etapa de la vida donde se desarrollan las primeras habilidades. Entonces se ve que van a haber efectos positivos en escolarización de niños, reducir la repetición por ejemplo.
–¿Cómo se financia?
Esto se implementa desde 2015 y se financia con rentas generales del presupuesto. En el caso de asistentes personales se evalúa la posibilidad de copago de la familia; si la familia tiene suficientes ingresos, pero un nivel bastante considerable. Hay franjas: puede estar la mayoría que son los que no pagan nada y los que necesitan subsidio. Siempre se pone el ejemplo de la hermana de Forlán (el futbolista), cuya hermana por un accidente de tránsito quedó en silla de ruedas, ella precisaba asistente personal, pero lo puede pagar. La ventaja es que el programa forma a asistentes.
–Y también es una opción laboral…
Sí, claro. El Estado asigna el asistente personal a la familia y define si tiene que hacer un copago o no, y después la seguridad social es la que define que la familia tenga un contrato con esta persona y recibe una prestación para poder pagarle a la que cuida.
–¿Qué más se hizo?
En Uruguay nosotros extendimos la licencia por paternidad, tienen todos, públicos y privados, y después un subsidio por cuidados parentales hasta 6 meses del bebé, que pueden compartir mamá y papá, aunque no pueden usar de manera simultánea, y te cubren medio horario de trabajo; así pueden turnarse para cuidar al chiquito hasta los 6 meses. Y es común ahora en las parejas jóvenes que se toman mitad y mitad, no es lo más común, porque además hasta los seis meses coincide con lo que se recomienda la lactancia exclusiva, entonces terminan quedándose las madres.
–¿Le cuesta mucho al Estado?
Uruguay considera esta política como prioritaria. En el ministerio de economía lo ven como prioritario, no sabemos qué puede pasar con un cambio de gobierno, pero como por ley ya pasó a ser un derecho, y por otro lado la idea es también que el sector privado se pueda comprometer.
De hecho, algunas ya han comenzado a implementar flexibilidad en la jornada, algún cambio de horario, es lo que viven las personas día a día, pero lo hacen medio encubierto. Las personas están mejor, tienen derecho a cuidar a sus hijos y el clima laboral también mejora. Se reduce el ausentismo, con la licencia, y los papás se pueden tomar licencias para acompañar a sus hijos y asumir responsabilidad porque tienen derecho.Hay como un ejercicio del derecho de cuidar a los hijos. Pero hay que trabajar el cambio cultural, la sociedad debe entender que está bien que ejerzas tus derechos; por ejemplo, cuando el papá se va a tomar la licencia no le digan ¿y por qué? Es común todavía que el pediatra pregunte ¿y dónde está la mamá?, si es el papá quien lleva al médico al niño. Pero la mamá está todo el tiempo, lo único que hoy no pudo venir a la consulta... y es bueno. Ahí hay un lindo ejercicio de derechos.
