En 2007, un titular de este diario indicaba: “Asunción tiene diez zonas peligrosas para la ciudadanía”.
El 28 de julio pasado, 17 años después, otro título en el mismo periódico destacaba: “Catorce barrios de Asunción están atrapados por el microtráfico”, y se refería a las zonas rojas de mayor comercialización de drogas al menudeo y por ende, el consumo de estupefacientes, identificadas por la Secretaría Nacional de Antidrogas (Senad).
Concretamente, destacaba en un mapa los barrios de Asunción “atrapados por el microtráfico”, pero con la salvedad de que prácticamente son contados los barrios que escapan a este problema. El lunes, la colega Estela Ruiz Díaz, durante una entrevista al comisario César Diarte, jefe de Antinarcóticos de la Policía, en radio Monumental, hizo notar el detalle de que tantos años atrás ya se tenían identificados muchos de esos barrios que hoy se conocen como zona roja o territorio liberado, todos los cuales siguen integrando la lista hoy ampliada.
Esto nos lleva a una primera reflexión. Evidentemente, no ha habido una política de Estado para desmantelar el crecimiento del narcotráfico en esos territorios. Contrariamente, se ha permitido que el problema crezca como bola de nieve y se complejice tanto, que hoy ya tiene reclutados y a su servicio a niños y adolescentes, mientras desde algún centro de reclusión un adulto de frondoso antecedente dirige el negocio por teléfono.
Otra conclusión que resulta de lo que estamos viendo es que la sola represión no desalienta, debilita ni resuelve el problema.
Lo dijo el mismo comisario Diarte: Desbaratan un centro de distribución en un barrio y al cabo de poco tiempo surgen otros. O bien, en un mismo barrio, hay bandas rivales del microtráfico que se disputan ese territorio, a las que, lo quieran o no, deben adherir las familias que habitan allí. Hay quienes equivocadamente creen que esto no les afectará porque no residen en ninguno de esos barrios. Obviamente no dimensionan que las repercusiones que trae esta actividad ilícita, que para los pobladores se convierte en la opción más asequible y real para obtener recursos, trascienden los límites de esos espacios conflictivos o zonas rojas. Una reflexión más es que la ciudad ha estado perdiendo territorios, espacios públicos y control sobre sí misma, y ha ganado en inseguridad. El efecto del microtráfico no se concentra en la venta de drogas, sino también en el extendido consumo dentro del propio barrio, y en diversos puntos a los que llega la mercancía. Además, en torno al negocio y el consumo se generan otros hechos delictivos que involucran a las personas adictas que salen a asaltar o realizan robos domiciliarios para obtener sus dosis. Además, al convertirse en territorios liberados, otros ponen las reglas y gobiernan en estos sitios. El Estado no tiene cabida. Quienes están directamente involucrados en el tráfico cuentan con armas y todo un esquema de seguridad en el que, normalmente, aunque no debería ser así, están implicados policías corruptos; ya sea haciendo la vista gorda, ya sea proveyendo apoyo táctico o haciendo de campana en caso de darse una posible intervención en el lugar. Todo esto tiene su precio, y los proveedores y vendedores del producto lo saben.
Por eso, abordar el problema solo reprimiendo cada cierto tiempo es como pretender curar una infección con una aspirina. Se vio el domingo último en un barrio de Lambaré, conocido como Pantanal, donde los pobladores atacaron a pedradas a los policías, defendiendo a quienes dominan el lugar mediante la venta de drogas al menudeo.
Otro sería el resultado si se afronta el problema con una presencia activa, integral y permanente del Estado. Si se ponen en marcha políticas de empleo, de capacitación para el trabajo, espacios de recreación y aprendizaje abiertos todo el año para los niños y jóvenes, acompañamiento a emprendedores, campañas de prevención y tratamiento de la adicción y presencia policial disuasiva y amigable.
