A los G. 857 mil millones por intereses se suman los G. 817.500 millones que figuran en el ítem “Bonos” del segundo balance cuatrimestral del 2024 y cuyo monto se repite en el reciente informe, discriminado esta vez en una serie de pagos pendientes denominados “capital”. La sumatoria de ambos montos, (“capital” más “intereses”) da como resultado G. 1.674.622.630.140, unos 211 millones de dólares. Esta es la cantidad que resta pagar exclusivamente por los bonos.
La Comuna adeuda además con tres entidades bancarias la suma de G. 199.118.566.923, unos 25 millones de dólares. Este monto, sumado a la deuda por bonos, da más de G. 1.873.741.197.063, que son unos USD 237 millones.
Reacciones. Tras la divulgación de los siderales montos que adeuda la Municipalidad, tanto en concepto de emisión de bonos como en deudas por déficit de caja, la diputada nacional Rocío Vallejo expresó que “esto es un escándalo” y que el “informe completo” presentado por Nenecho debe seguir profundizándose para saber en qué se gastó el dinero. “Esta situación es sumamente grave para el próximo intendente que quiera asumir esta intendencia”, dijo la diputada en contacto con NPY.
La deuda será arrastrada por al menos dos administraciones, atendiendo a que los bonos G9 se terminarán pagando recién en el año 2035.
Quien también se manifestó tras la difusión de la deuda fue el diputado Mauricio Espínola, quien dijo que la ciudadanía “va a terminar pagando hasta el 2035” por las deudas contraídas.
“El intendente dijo que se endeudó para hacer obras que finalmente terminaron pagando salarios. Acá vemos un claro hecho de malversación de fondos. (...) Muchas veces se pagan impuestos para arreglo de pavimentos, y uno se va a ver y resulta ser que no existe un asfalto, sino un empedrado”, aseguró en declaración a los medios de prensa.
Confidencialidad. El abogado Federico Legal, quien patrocina a Ezequiel Santagada en el marco del amparo promovido contra la Municipalidad, se refirió a las cláusulas de confidencialidad con las que el Municipio se escudó para no socializar los contratos contraídos por los bonos.
Explicó que “la confidencialidad no puede imperar, no puede estar por encima de una ley que es imperativa y de orden público, como es la ley de información pública”.
“El derecho de la misma ley de acceso a la información, dispone que todos los convenios o acuerdos que firmen las instituciones del Estado tienen que ser prácticamente divulgados. Es decir, todo lo que una institución pública acuerda con personas de derecho público, con derecho privado, y esto incluye también, por supuesto, entidades financieras o bancos, debe ser publicado en los portales, porque la misma ley lo establece”, detalló el abogado en una entrevista con Última Hora.
Por otro lado, mencionó que también le llamaron la atención “los procesos para contraer las deudas con las entidades que están señaladas”. “¿Cómo fue ese proceso, a dedo, a través de un proceso licitatorio?”, cuestionó, y añadió que él junto a Santagada, se encuentran realizando el análisis correspondiente de los documentos para determinar la regularidad de dichos procesos. “O irregularidad eventualmente y si esto dispara algún hecho punible específico”, adelantó.
El asesor jurídico de la Municipalidad, Benito Torres, informó que los contratos fueron entregados a la Fiscalía en el marco de una investigación sobre el destino de los G. 500 mil millones de bonos que eran para infraestructura.
