Los casos de corrupción de políticos que están bajo la lupa ya causaron un enorme daño patrimonial al Estado. Muchos quedaron impunes y otros sobreseídos, pero el perjuicio quedó. Según un informe de la Organización Somos Anticorrupción Py y la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy), avalado por los datos proporcionados por el propio Ministerio Público, a estas organizaciones de la sociedad civil el daño patrimonial al Estado en 119 casos de corrupción monitoreados oscilan la exorbitante suma de USD 1.178.157.491
El accionar de las máximas autoridades se encuentra en los reportes recogidos por el Observatorio del Poder Judicial, que también son seguidos dentro de los casos de vigilancia de estas dos organizaciones, que son una verdadera pesadilla para los jueces y fiscales.
De hecho, el informe 2024 , que abarcó el análisis de 119 expedientes por casos de corrupción y daño patrimonial al Estado, señala que la mayoría de ellos guarda relación con delitos de lesión de confianza y estafa.
Además de hurgar y monitorear los expedientes, las organizaciones realizan constantes urgimientos en las distintas salas donde se encuentran paralizados para evitar que estos prescriban, lo que implicaría la impunidad de los sospechados.
Entre las preocupaciones desde la sociedad civil se suman la poca o casi nula sanción a las conocidas popularmente como chicanas, que recorren varias instancias hasta descansar en las salas de la Corte Suprema de Justicia.
Durante todo el 2024, de los casos de corrupción monitoreados por organizaciones de la sociedad civil se llevaron a cabo 12 audiencias Preliminares y se realizaron 14 juicios orales y públicos.
El informe de las organizaciones señala que en el 2024 hubo un claro deterioro de la administración de la Justicia.
“Ese panorama hace aún más visible la necesidad de una sociedad civil organizada, capacitada y empoderada, con los recursos suficientes para controlar y monitorear el uso correcto de los fondos públicos.
Monitoreo en los que nuestras organizaciones ya son, a esta altura, especialistas”, menciona el informe.
En el 2024, las organizaciones presentaron 707 urgimientos. Utilizan esta herramienta procesal para solicitar que los procesos de corrupción se adelanten a la brevedad, buscando evitar su extinción al cumplirse los plazos procesales.
Seguimiento. Todos los datos pueden ser observados y seguidos desde el portal la página web: www.coapy.org.py, en la cual se puede revisar caso por caso y en la instancia en la cual se encuentra.
Así también, se puede ingresar a cada expediente y observar en qué estado se encuentra y qué medidas se tomaron al respecto. De esta forma, la ciudadanía puede estar permanentemente informada y velar por los intereses del país, además de hacer un control.
728 notas se presentaron en diferentes frentes de las instituciones judiciales a para destrabar casos fuertes.
707 urgimientos se presentaron para solicitar que los procesos de corrupción se adelanten a la brevedad.
119 casos emblemáticos de corrupción pública son monitoreados constantemente por “Somos Anticorrupción”.
34 notas se presentaron para la transmisión en vivo de varios juicios emblemáticos. Los videos están en YouTube.
ALGUNOS CASOS DE CORRUPCIÓN MONITOREADOS CON CONDENAS FIRMES
Enriquecimiento. En marzo del 2024, se confirmó la pena de 7 años de cárcel impuesta al ex titular del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Justo Pastor Cárdenas por enriquecimiento ilícito y lavado. No pudo justificar G. 4.100 millones.
Documentos. En julio pasado, la Sala Penal de la Corte ratificó la condena de 2 años de cárcel con suspensión a prueba de la ejecución de la pena, para el ex contralor general José Enrique García por producción y uso de documentos no auténticos.
Caso MAG. Luego de más de 11 años del desvío de los G. 68.000 millones en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, los ex ministros de esa cartera, Enzo Cardozo y Rody Godoy, cumplen con sus condenas de 10 y 7 años de prisión, respectivamente.
Caso Nueva Colombia. El ex intendente de Nueva Colombia Nelzo López Ruiz fue condenado a cumplir ocho años de cárcel por un supuesto perjuicio patrimonial de G. 2.663 millones, ocasionado al Municipio. También inhabilitado para ejercer cargo público.
En su casa. El ex rector de la (UNA) Froilán Enrique Peralta cumplirá lo que resta de su pena de 3 años en prisión domiciliaria, luego de que el Tribunal de Apelación Penal de Central revocara la resolución que rechazó este pedido en febrero del año pasado.
Caso audios filtrados. En febrero del año pasado, la Sala Penal de la Corte rechazó un último recurso planteado por Raúl Fernández Lippmann, ex secretario del (JEM). Con ello quedó firme su condena de siete años de cárcel por el caso de los audios filtrados.
Coima. En julio pasado, la Sala Penal de la Corte confirmó la condena del ex diputado de Patria Querida Carlos Soler por pedir una coima de USD 125 mil, cuando estaba en Indert. La condena fue por extorsión, cohecho pasivo agravado y tráfico de influencia.
Combustible. El ex comandante de la Policía Nacional Francisco Alvarenga fue condenado a 6 años de cárcel por enriquecimiento ilícito. El ex uniformado no pudo justificar egresos por más de G. 1.110 millones. En noviembre del año pasado quedó firme su condena.
Estafa. En octubre pasado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejó firme la condena de 6 años de pena privativa de libertad para el ex director Regional del Indert Ostaciano López, por producción de documentos no auténticos y estafa por títulos.
A Tacumbú. Si bien su condena se dio en los primeros días de este año, el caso Hugo Javier fue seguido muy de cerca por las organizaciones civiles. El ex gobernador fue condenado a 10 años de prisión por desvío de fondos y trasladado a Tacumbú.
