En comparación con el 2021, varios expedientes de sonados casos de corrupción pública tuvieron que desempolvarse gracias a la gran presión ejercida por ciudadanos nucleados en sectores de la sociedad civil encargados de velar por que los mismos no sean olvidados.
Desde comienzos del año 2022, la presión ejercida por estos grupos fue constante.
Es así que 32 notas se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar la transmisión y/o grabación de los juicios orales durante todo el año.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppDe estos pedidos, solo 11 fueron transmitidos por el canal oficial del Palacio de Justicia. Entre ellos, se encuentra el juicio al ex ministro de la Corte, Sindulfo Blanco; el del ex rector de la UNA, Froilán Peralta; el del ex intendente de Lambaré Roberto Cárdenas, y el del ex ministro del Interior Francisco de Vargas.
En el 2021, solo dos casos de juicio oral fueron transmitidos en todo el año, por lo que el aumento fue notorio.
En cuanto a la cantidad de pedidos de inclusión al observatorio judicial de casos de corrupción pública, de modo que la ciudadanía pueda tener un acceso más fácil y rápido a los expedientes, este año el grupo Somos Anticorrupción PY hizo llegar un total de 29 notas a la máxima instancia judicial para la inclusión de 34 expedientes.
De este número, fueron incluidos en el observatorio judicial un total de 23 expedientes de casos de corrupción pública, según el dato oficial.
Entre los expedientes que ya pueden seguirse ingresando a la web se pueden encontrar al del ex gobernador del Departamento Central, Hugo Javier González; el del ex ministro de la Senavitat Dany Durand; el del ex diputado Carlos Soler, o el de Patricia Ferreira, del caso Imedic, que se produjo en plena pandemia.
Justamente, este caso trata de uno de los hechos de corrupción más grandes registrados durante la pandemia del Covid-19 en nuestro país. Justo Ferreira, su hija Patricia Ferreira y otros fueron acusados por producción de documentos no auténticos por la compra fallida de insumos médicos para el Ministerio de Salud durante la pandemia.
Audiencias. En cuanto a la cantidad de audiencias preliminares realizadas el año pasado, gracias a la presión ejercida con el seguimiento de los casos, se logró que 11 causas sean llevadas a audiencia y otras 6 a juicio oral.
Entre este grupo, se puede citar el caso de Luis Saguier Blanco, o el del ex gobernador de Villa Hayes, Óscar Venancio Núñez, hermano del diputado por Honor Colorado Basilio Bachi Núñez.
En cuanto a los juicios orales realizados el año pasado, que son 11, figuran el del ex intendente de Arroyito, el colorado Samuel González Valdez, quien fue condenado a 5 años de prisión; el del ex presidente de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay, Silvio Riveros, también condenado, y el de Francisco de Vargas, ex ministro del Interior, también condenado.
Durante todo el 2022 la organización de ciudadanos autoconvocados realizó manifestaciones en distintas instituciones y frente a las viviendas, principalmente de los políticos denunciados, como así también frente a la Fiscalía General del Estado, y el Poder Judicial con el fin de acelerar las causas. También varias veces se reunieron con ministros del Poder Judicial.
Daño patrimonial. De acuerdo con datos proporcionados por el propio Ministerio Público a organizaciones civiles y publicados en el portal de monitoreo ciudadano anticorrupción de la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy), los casos más sonados de corrupción pública entre los que figuran ex ministros, ex titulares de entes, ex magistrados, ex intendentes y hasta parlamentarios han dejado un desfalco de más de G. 9 billones a las arcas del Estado.
Estas impresionantes cifras, que rondan los más de USD 1.300 millones al cambio de la moneda americana, fueron el resultado del seguimiento de 49 expedientes de corrupción pública que guardan relación con lesión de confianza, estafa, lavado de dinero, producción de documentos no auténticos, enriquecimiento ilícito, entre otros delitos.
Procesos no cumplen el plazo establecido
Varios expedientes en casos emblemáticos de corrupción pública, ni siquiera llegan a audiencia preliminar, pese a que el Código Procesal Penal establece plazos que no son respetados.
La presencia de una política institucional para poder erradicar la regla de la impunidad parece ser letra muerta en el Poder Judicial. Varios casos penales catalogados como “emblemáticos” de corrupción pública no están cumpliendo los plazos establecidos en el Código Procesal Penal (CPP).
Situaciones que en su momento ganaron notoriedad, generaron una gran repercusión y pusieron en vilo a algunas autoridades van quedando en el oparei a medida que transcurre el tiempo.
Así lo advirtieron referentes de la sociedad civil que esperan que esto cambie este año.