–¿Qué análisis merece que en una institución como el JEM haya tráfico de influencias para salvar a fiscales y jueces?
–El hecho de que en una institución como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) existan indicios suficientes, acerca de un esquema de tráfico de influencias para proteger a fiscales y jueces, es lamentable, preocupante y, obviamente, no puede ser objeto de tolerancia en sentido alguno.
Como había indicado el Colegio de Abogados del Paraguay, esto representa una amenaza directa a la democracia y al Estado de derecho, además de poner en vilo la independencia judicial, que es requisito fundamental para una recta administración de Justicia.
El único propósito de JEM es, en caso de necesidad, sanear el sistema judicial, sancionando a aquellos magistrados, fiscales y defensores públicos que deshonran la función a través de actos de corrupción y mal desempeño de sus funciones.
Sin embargo, cuando esta institución se convierte en un espacio de negociaciones oscuras y favores políticos, su misión se invierte completamente. En lugar de garantizar transparencia y correcto ejercicio de la magistratura, se convierte en mecanismo de mera coerción e impunidad.
El tráfico de influencias en el JEM implica que ciertas personas –con poder político, económico– terminan maniobrando en los procesos disciplinarios y de responsabilidad, justamente para evitar sanciones, o a veces promoviendo la destitución de magistrados. Esto se traduce en una ecuación sencilla, protección de jueces y fiscales corruptos vs. persecución de magistrados honestos, circunstancia que desalienta la vocación de jueces y fiscales probos. Así, el Jurado se convierte en una herramienta de control político.
Protecciones especiales a ciertos actores del sistema hacen que el Jurado funcione como un escudo para la impunidad, y demuestra que estamos frente a un sistema en crisis. No es un capricho, pero vemos desde el Colegio de Abogados que la forma de enfrentar estos problemas estructurales es a través de una reforma constitucional que abarque la composición de este órgano, funciones, fines y competencias.
–¿Funcionó alguna vez el Jurado de manera independiente?
–Estimo que las primeras conformaciones que tuvo el JEM respondían mucho mejor a la institución y sus fines. Pero, sin duda, que con el pasar del tiempo el JEM ha enfrentado críticas por presuntas injerencias políticas en sus decisiones. Un caso emblemático es el de Alejandro Nissen, ex fiscal, quien fue destituido en 2004 tras investigar casos de corrupción. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad del Estado paraguayo por la violación de los derechos de Nissen, evidenciando la falta de independencia en el proceso llevado a cabo por el JEM.
Últimamente, el JEM intentó destituir al fiscal Luis Said por supuesta inactividad en sus funciones. Todo esto demuestra que el Jurado como órgano extrapoder es necesario, que se inició cumpliendo en principio sus fines y motivos constitucionales, pero que luego fue deteriorándose principalmente por la manera como se integra y por el descrédito de actos ejecutados.
–¿Hay diálogo de abogados con los miembros del JEM?
–No existe actualmente.
–Hoy abogados son sancionados por chicanas, ¿cree que se está midiendo con la misma vara a miembros de la Justicia implicados en irregularidades?
–Este actual fenómeno de las sanciones a abogados por chicanas y la falta de proporcionalidad en la aplicación de medidas disciplinarias a miembros del Poder Judicial implicados en irregularidades revela una asimetría preocupante. Pero, es fundamental disgregar esta cuestión, ya que la responsabilidad de los abogados y magistrados es distinta tanto en su función como en su impacto dentro del sistema de administración de Justicia.
Es cierto que tanto abogados y magistrados cumplen roles esenciales dentro del sistema judicial, pero su grado de responsabilidad y compromiso con la administración de Justicia no es equiparable.
Pero a pesar de que la responsabilidad del magistrado es mucho mayor, indudablemente hay un desbalance, ya que, actualmente, se observa que se aplican sanciones con la mayor dureza a los abogados, mientras que las irregularidades de magistrados no siempre reciben la misma rigurosidad.
–Una práctica usual son los contactos de los miembros del JEM con investigados y ahora quieren restringir eso. ¿Qué le parece?
–La medida parece más una estrategia para generar una imagen de mayor rigor y transparencia, sin un efecto real sobre las irregularidades que históricamente han afectado la credibilidad del órgano.
Restringir la comunicación entre miembros del Jurado y magistrados investigados parece, en el mejor de los casos, un simple prólogo de buenas intenciones, pero sin un impacto real en la transparencia.
Aunque pueda sonar bien en el discurso, no aborda los verdaderos problemas estructurales que afectan la independencia, imparcialidad y credibilidad del JEM. El hecho de que ahora se busque restringir estas comunicaciones, evidentemente parte de la premisa de que estas interacciones son el principal canal de influencia.
–El Colegio de Abogados habla de reforma estructural del JEM, reduciendo su integración política, ¿por qué?
–Efectivamente, el Colegio de Abogados ha emitido un comunicado en el que exige una reforma estructural del Consejo de la Magistratura y del Jurado, con el primer objetivo de reducir la influencia política en estos órganos.
Esta demanda surge a raíz de escándalos que han evidenciado esquemas de manipulación en el sistema judicial, como lo revelado en los chats del fallecido diputado Eulalio Gomes.
Así como están conformados, tanto el Consejo de la Magistratura como el JEM permiten una fuerte injerencia política en la selección, nombramiento y sanción de magistrados. También habíamos indicado que la Justicia no puede ser “un botín político” ni estar a merced de sectores u otros intereses. El JEM debe ser un órgano autónomo.
Creo que nadie tiene la receta ideal o perfecta para el cambio, pero existen alternativas posibles. Eliminar el Jurado, así como está concebido hoy, sería una de ellas y que nuevamente sea la Corte quien cumpla con ese rol; o tal vez modificar totalmente la forma de composición de ambos órganos, Consejo y Jurado, incluyendo a la Fiscalía, abreviando la duración del mandato.
