El financiamiento de la Caja Fiscal es un problema que se transmite a muchas variables económicas. En primer lugar, el déficit que ya enfrenta actualmente está absorbiendo recursos de otros aportantes de la Caja y de la ciudadanía a través del pago de sus impuestos. En segundo lugar, y derivado de lo anterior, este arreglo es inequitativo y profundiza la desigualdad económica originada en un sistema tributario injusto. En tercer lugar, desvía recursos que debieran estar financiando derechos universales hacia un sector minoritario.
La pasada semana, el informe de la consultora Fitch señaló que alcanzar los objetivos fiscales del Gobierno también requeriría nuevas medidas para compensar la erosión de alrededor del 0,1% del PIB al año en el sistema de pensiones del sector público o Caja Fiscal.
Según este informe, el Gobierno espera que las reservas se agoten en unos tres años, cuando se requeriría un apoyo fiscal mayor al que se está realizando actualmente, que ya es alto. Este mismo documento señala que se ha presentado una propuesta de ley para establecer una comisión nacional de expertos que recomiende reformas de las pensiones, los cambios podrían enfrentar resistencia y tomar tiempo para tener un impacto en la trayectoria del déficit.
El actual déficit está generado por los regímenes del Magisterio Nacional y de las Fuerzas Públicas (policías y militares). Si bien todos los trabajadores cotizantes de la Caja Fiscal aportan el 16% sobre el ingreso imponible, los requisitos para el acceso a la jubilación son muy diferentes. Uno de los más importantes es la edad de jubilación que estos dos colectivos laborales no requieren de una edad mínima.
Al ser un régimen solidario, también es importante la proporción entre pasivos y activos. En el caso de los docentes solo hay 2,4 activos por cada pasivo, proporción que empeora en las fuerzas públicas en el que aportan dos y hay dos cobrando jubilación.
La reforma educativa de los años 90 incorporó un gran número de docentes aportantes, cuya edad de retiro está llegando, por lo que se espera que la situación financiera de este sector tienda a empeorar.
En los próximos años el déficit se agravará no solo por el empeoramiento de la situación del magisterio y de los regímenes policiales y militares, sino también por el crecimiento del déficit de los demás sectores como el judicial, la administración pública general y los docentes universitarios.
El financiamiento actual del déficit está cubierto en el caso del Magisterio por el superávit generado por otros sectores, mientras que el financiamiento del déficit de militares y policías es financiado con impuestos.
La situación se complejiza, ya que Paraguay tiene un sistema tributario injusto por el alto peso de los impuestos indirectos.
Si a eso se agrega el hecho de que gran parte de la población no cuenta con un sistema jubilatorio resulta que el 80% del déficit –más de 100 millones de dólares al año– se está financiando con impuestos de quienes nunca tendrán derecho a una jubilación.
Los impuestos que financian las jubilaciones afectan el financiamiento de otras áreas igualmente importantes para la ciudadanía como la salud y educación.
Por lo tanto, mientras no haya una reforma tributaria o una reforma del sistema jubilatorio que recauden más, el financiamiento del mismo termina restando recursos al resto de la población.
Se debe entender que, de continuar el desfasaje entre ingresos por aportes y egresos por jubilaciones, acentuado por el proceso de envejecimiento, las variables macroeconómicas también corren riesgos, como por ejemplo, la necesidad de contratar deuda para financiar el déficit o la propuesta siempre vigente y fracasada de la privatización de los fondos.
Ante estos escenarios se hace fundamental un proceso negociado de reformas que incluya todos los pilares de un sistema jubilatorio, que garantice el derecho a un ingreso en el retiro a los funcionarios públicos, pero sobre todo que también lo garantice al resto de la población.
