De acuerdo con datos proporcionados por el propio Ministerio Público a organizaciones civiles y publicados en el portal de monitoreo ciudadano anticorrupción de la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy), los casos más sonados de corrupción pública entre los que figuran ex ministros, ex titulares de entes, ex magistrados, ex intendentes y hasta parlamentarios han dejado un desfalco de más de G. 9.000 billones a las arcas del Estado.
Estas impresionantes cifras, que rondan los más de USD 1.300 millones al cambio de la moneda americana, fueron el resultado del seguimiento de 49 expedientes de corrupción pública que guardan relación con lesión de confianza, estafa, lavado de dinero, producción de documentos no auténticos, enriquecimiento ilícito, entre otros delitos.
Lo llamativo es que muchos de esos casos aún no cuentan con una sentencia definitiva, y algunos hasta podrían prescribir por la lentitud de la Justicia y las innumerables chicanas impuestas por los acusados.
“La cifra va a aumentar porque estamos pidiendo el daño patrimonial en otros expedientes y también estamos pidiendo la inclusión de más expedientes en el observatorio, para el control y monitoreo”, alertó Esther Roa, activista y líder de la organización Somos Anticorrupción Py.
La descomunal suma alcanza el total de G. 9.525.320.582.326.
En el listado extraído de los casi 50 expedientes de corrupción pública (ver infografía) se observa que el clan González Daher fue el que más perjudicó al Estado. Entre Óscar González Daher y Ramón González Daher superan la suma de G. 1 billón en daño patrimonial.
En el portal se puede observar de manera detallada cómo se encuentran los casos más emblemáticos de corrupción, como el del ex gobernador colorado Óscar Venancio Núñez, hermano del cartista Basilio Bachi Núñez; el ex rector de la UNA Froilán Peralta, o el del ex titular del Indert Justo Cárdenas, casos que acapararon la atención de la ciudadanía por varios meses y que dejaron un desfalco millonario a las arcas del Estado.
Otro de los casos de corrupción que acapararon la atención fue el del diputado Tomás Rivas o el del propio ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, o el del ex contralor general Enrique García, para quien justamente mañana está marcada su audiencia para el juicio oral.
“El caso emblemático del ex contralor Enrique García, que este lunes tiene marcado su juicio oral y público, planteó una chicana y el expediente en este momento está en la Sala Penal, lo cual indica que como el Tribunal no va a tener el expediente probablemente se va a suspender de nuevo, y así son muchísimos los expedientes”, indicó Roa.
Así también, se puede ingresar a cada expediente y observar en qué estado se encuentra y qué medidas se tomaron al respecto.
Pandemia. Ninguna de las tres causas abiertas por supuesta corrupción durante la pandemia por el Covid-19 fue juzgada aún en juicio oral y público. En dos de ellas hubo sendas recusaciones a los magistrados de la causa. Sin embargo, la presión ejercida por miembros de la sociedad civil hace que estos casos estén cada vez más cerca de llegar a juicio oral.
“Los robos en pandemia son los que más estamos llevando el control y monitoreo ahora mismo, por ejemplo lo del agua tónica (el caso de Petropar, donde está imputada Patricia Samudio), lo de Édgar Melgarejo (de los tapabocas de oro de la Dinac). Todos esos hechos punibles que se hicieron en pandemia, en la medida que ellos vayan presentando una chicana, también estamos haciendo las notas pidiendo celeridad en las resoluciones, lo cual significa un obstáculo para ellos porque están con menos posibilidades de seguir eludiendo su audiencia. En el caso de Melgarejo y Samudio no se están llevando a cabo las preliminares, pero ahora destrabamos y los dos próximamente ya van a llevar a cabo sus audiencias”, dijo Roa.
Entre Melgarejo y Samudio hicieron un daño patrimonial de más de G. 500 millones según los datos de la Fiscalía.
Somos Anticorrupción monitorea otros expedientes como el que guarda relación con el ex diputado Carlos Portillo, el de Raúl Fernández Lippman, y el del ex titular de Petropar Sergio Escobar, los cuales demoran por falta de integración de la Sala Constitucional.
