El embajador paraguayo en Brasil, Hugo Saguier Caballero, informó este martes que se desconoce el paradero de Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán.
Los tres apelaron, el pasado 1 de julio, la revocatoria del status de refugiados que tenían en el Brasil. Esa medida la presentaron cuando el plazo estaba por vencer, pero todo apuntaba a que el recurso sería rechazado.
El Comité Nacional para los Refugiados del Brasil (Conare) dejó sin efecto el status que tenían los paraguayos, tras los reiterados pedidos del Gobierno de Paraguay.
“Todos presumimos que se habrían escapado”, expresó el representante diplomático a la emisora 780 AM.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppIgualmente el mismo Saguier Caballero manifestó en Monumental 1080 AM que se comunicaron con el Ministerio de Justicia de Brasil para pedirle un informe al respecto. Explicó que los tres tenían libre comunicación.
Afirmó que la noticia de la desaparición salió desde Asunción misma pero que por eso también solicitaron un seguimiento de Arrom, Martí y Colmán. Indicó que el pedido de extradición tendrá efecto inmediato una vez que el Ministerio de Justicia confirme la revocación del estatus.
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No obstante, el canciller Luis Castiglioni manifestó en conferencia de prensa que no recibieron aún un reporte oficial de la Policía Federal de Brasil.
En ese sentido, señaló que solamente darán informaciones certeras cuando tengan un reporte del vecino país.
Arrom, Martí y Colmán deben ser juzgados por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi. Los tres también habían presentado una demanda contra el Estado paraguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por presuntas torturas.
Denunciaron haber sido secuestrados por miembros de las fuerzas policiales, que les exigían que admitieran su responsabilidad en el secuestro y también que les entregaran parte del botín que cobraron por el plagio.
Sin embargo, la Corte IDH deslindó responsabilidad del Estado, por lo que fue un revés importante para ellos.
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Fue la primera vez que el organismo de derechos humanos falló a favor del Estado paraguayo en una demanda.
