La abogada señaló que la dilación en la entrega del pedido de informes es normalmente la estrategia que utilizan los funcionarios del Estado cuando no te quieren dar información y juegan con el tiempo. Explicó que por ello sería interesante una ley de acceso a la información pública donde se establezca el plazo de entrega.
Mencionó que al no existir una regulación del acceso a la información pública, el funcionario público tiene que dar los datos en un plazo razonable desde el momento en que se le está requiriendo. “No es lo mismo la información que se solicita en el momento a la información que se da en seis o siete meses”, significó.
principio. Rivas enfatiza en que siempre se debe tener en cuenta que existe un sentido de publicidad en los actos del gobierno.
Alega que ese es un principio básico en el sentido de que “el Estado tiene la obligación de proveer a la ciudadanía o a cualquier persona que lo solicite todas aquellas informaciones que hacen al funcionamiento del Estado, y en este caso con más razón porque son funcionarios que están recibiendo el salario del presupuesto público, de manera a que es una información de carácter público”, aseveró, señalando que se debe acceder inclusive al monto de salarios de los empleados públicos.
excusas. Los funcionarios alegaron una serie de artículos en los que buscan ampararse para que sus datos no sean entregados a la prensa. Mencionan el artículo 33 de la Constitución Nacional, del derecho a la intimidad, un código de ética en el que habla de la reserva de la información y el inciso f) del secreto profesional de la Ley 1626/00 de la Función Pública.
El propio presidente de la institución legislativa habló de un contrato colectivo que no existe; ello de acuerdo a las averiguaciones realizadas por este medio.
Al respecto, Rivas menciona claramente que no existe ninguna restricción del principio de publicidad en los actos de Gobierno, “cualquier excusa que ponga cualquier autoridad responde solo al temor de que la ciudadanía tenga conocimiento del despilfarro que hacen de los bienes del Estado, y nos recuerda a épocas anteriores en donde la cultura del oscurantismo primaba en el país”.
Señaló que el único límite que reconoce la legislación comparada es la seguridad del Estado en materia de seguridad pública o seguridad de la Defensa Nacional.
