Suman los procesos desprolijos en el montaje del módulo de máxima seguridad Martín Mendoza de la Penitenciaría de Emboscada.
Saltan irregularidades y decisiones que lo alejan de ser un centro de alta complejidad en materia de seguridad penitenciaria. El lugar fue vandalizado por el Clan Rotela, que rompió las cámaras del penal en el mes de julio.
Las cámaras de videovigilancia de la cárcel fueron instaladas antes de la adjudicación por una de las empresas que concursaban por el contrato con el Ministerio de Justicia. El hecho evidenciaría posibles maniobras ilegales de direccionamiento a empresas durante la administración del ex ministro Ángel Ramón Barchini.
En diciembre del 2023, se dio la Licitación vía excepción 40/2023 “Mejoramiento de la infraestructura en materia de seguridad y control del sistema penitenciario” con ID 438708 por más de G. 6.500 millones, que fue adjudicada a la empresa Dolfi SA, representada por Álvaro Yaluk, según documentos de Contrataciones Públicas (DNCP). El contrato fue cancelado por el entonces ministro Ángel Barchini, el 5 de enero de 2024, por irregularidades, como sobrecostos en computadoras.
En tanto, las cámaras fueron instaladas irregularmente -antes de la adjudicación- el 24 de diciembre de 2023, dejando un vacío administrativo, puesto que la empresa fue adjudicada recién el 26 de diciembre. Además, recién ese día se hizo la evaluación de las ofertas y se firmó el contrato, según los documentos de la licitación en la DNCP.
En tanto, no constan órdenes de compra o instalación de esa fecha y no pudieron emitirse órdenes antes del 26 de diciembre por la inexistencia de la obligación entre el Ministerio y la empresa, puesto que la licitación no se había llevado a término. Finalmente, el contrato fue cancelado solo días después, el 5 de enero de 2024, generando sospechas sobre un direccionamiento a favor de Dolfi.
La instalación se realizó de forma apresurada ante el inminente traslado al penal de Armando Javier Rotela y su primer anillo, quienes llegaron al centro Martín Mendoza el 29 de diciembre tras el operativo Veneratio.
Sobre los trabajos tras Veneratio, operativo que desactivó al Clan Rotela en Tacumbú, el director de Centros Penitenciarios, Rubén Peña, refirió que en diciembre se realizaron trabajos para habilitar el centro Martín Mendoza, con los recursos que contaba el Ministerio de Justicia. El director no pudo precisar cuál sería la empresa responsable de esos equipos. “Yo sé que fue un proceso rápido, nosotros dimos las indicaciones donde queríamos las cámaras, una pequeña central de monitoreo que transmitiría dentro del penal”, refirió.
rotura de CÁMARAS
El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, no logró responder si las cámaras que rompió Rotela en julio pasado serían de Dolfi, en tanto aseguró que el Ministerio las restableció. Sobre el contrato, dijo desconocer los detalles.
“No manejo los detalles en este momento porque nos remontamos a un año atrás y yo en ese momento era viceministro y no manejaba la parte financiero-administrativa”, refirió. Sin embargo, insistió en el convenio llevado con el Parque Tecnológico de Itaipú (PTI) y que también se podría tener equipos de ellos. Nicora hizo referencia al convenio como responsable de la tecnología del penal.
El ministro derivó la consulta al área administrativa; no obstante, no se permitió el contacto con esta área tras repetitivos intentos, además de no contestar pedidos de información pública.
Mientras el titular de la Fundación Parque Tecnológico de Itaipú (PTI), Carlos Mercado, señaló, que el convenio con Emboscada estaría en proceso. “Lo de Emboscada iniciamos este año, y ese va a llevar un tiempo de aproximadamente 90 días en la entrega de los equipos. Todavía no hemos entregado equipos”, señaló.
El criminólogo Juan Martens refirió que el Martín Mendoza no cumple con las características para ser de “máxima seguridad”, que son nivel de inversión, recursos humanos y sistema de evaluación de reclusos. “Analizando el sistema con los indicadores, hoy ninguna de las cárceles en Paraguay reúne los requisitos para ser considerada como de máxima seguridad”, apuntó.
El 8 de agosto guardias del centro penitenciario Martín Mendoza remitieron una nota al ministro Rodrigo Nicora en la que presentaron su versión de los hechos del 1 de julio, día en el que Rotela y su clan rompieron las cámaras. La nota dice que no funcionaban todas las cámaras y por eso, no pudieron ver el movimiento antes y que la radio tiene retrasos en la transmisión lo que dificultó la comunicación.
Licitación vía PTI como argumento para el secretismo
Los equipos para la penitenciaría de Emboscada fueron adquiridos por el Parque Tecnológico de Itaipú (PTI) a una empresa investigada en colusión en el área de licitaciones de seguridad. La firma Proseco aparece junto a TSV como parte de un posible esquema para hacerse con adjudicaciones en serie. El PTI había adjudicado a esta firma mientras seguía siendo investigada. El PTI no está obligado a socializar sus procesos de contratación y no está regido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
En cumplimiento del Convenio 4500073/2023 “Apoyo a nuevos centros penitenciarios de Emboscada”, firmado entre el PTI y el Ministerio de Justicia, el llamado se realizó el 5 de abril de 2024 y la fecha de presentación de ofertas se estableció para el 25 de abril.
El sector de compras de la Fundación PTI adjudicó a la empresa Proseco SA (Proceso Proyectos Servicios y Comunicaciones Paraguay SA) que aparece en investigación en la Resolución 775/2024. En el documento se cita que la firma Proseco sería investigada por colusión, práctica en la que empresas acuerdan precios y servicios para repartirse el mercado, en este caso contrataciones, con las empresas TSV del Paraguay, Paraguay Security SA, ligadas a Fabricio Martínez Appleyard.
